La sanción de Estados Unidos a funcionarios de la Corte Penal Internacional evidenció un riesgo global: el control tecnológico como herramienta de poder. La dependencia de servicios en la nube de empresas estadounidenses expone a países como el Perú a decisiones extraterritoriales que pueden afectar datos, servicios críticos y soberanía digital. Europa ya inició una migración hacia soluciones propias, asumiendo altos costos para recuperar autonomía. En el Perú, donde el Estado y el sector privado dependen de estos proveedores, el riesgo es latente. Urge una estrategia nacional que priorice resiliencia tecnológica antes de que una crisis externa impacte directamente en el país.
Soberanía digital en riesgo: cuando la nube responde a Washington
La dependencia tecnológica de proveedores estadounidenses expone al Perú a sanciones extraterritoriales, interrupciones críticas y pérdida de control sobre datos estratégicos, en un escenario global donde la soberanía digital ya es prioridad.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 15 de julio 2026) Amigos lectores: lo ocurrido en Europa en 2025 dejó de ser un episodio lejano para convertirse en una advertencia directa para países como el Perú. La sanción del gobierno estadounidense contra funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) no solo tuvo implicancias diplomáticas: reveló el verdadero alcance del poder tecnológico en manos de Washington.
El caso del fiscal Karim Khan, quien perdió acceso a servicios digitales tras ser sancionado, encendió las alarmas. Más aún cuando una jueza peruana, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, fue incluida en estas medidas, enfrentando restricciones financieras y operativas que evidencian cómo decisiones políticas pueden trasladarse, sin barreras, al ámbito tecnológico.
Tomar en cuenta que el problema de fondo no es técnico, es estructural. Hoy, entre el 70% y 80% de la infraestructura digital —incluyendo servicios en la nube— está dominada por empresas estadounidenses. Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud sostienen buena parte de los sistemas críticos del mundo… y también del Perú.
Pero existe un elemento clave que redefine el escenario: la Ley CLOUD de Estados Unidos (2018). Esta norma obliga a las empresas tecnológicas de ese país a entregar datos al gobierno estadounidense, independientemente de dónde estén alojados. Es decir, no importa si los servidores están en Lima, São Paulo, Santiago o en la cochinchina: la jurisdicción sigue a la empresa, no al territorio.
Europa entendió rápidamente la magnitud del riesgo. Países como Francia, Alemania, Suiza y Austria iniciaron una migración progresiva hacia soluciones de nube soberana, software de código abierto y proveedores locales. Incluso la propia CPI decidió abandonar herramientas tradicionales para reducir su dependencia tecnológica. El mensaje es claro: la autonomía digital ya no es una opción, es una necesidad estratégica.
¿Y el Perú?
Nuestro país opera sobre la misma infraestructura global. Ministerios, bancos, hospitales y grandes empresas dependen de plataformas extranjeras sin alternativas locales equivalentes en escala. En un escenario extremo, una decisión política externa podría afectar servicios críticos nacionales: desde sistemas financieros hasta plataformas de salud o gestión pública.
El nuevo reglamento de protección de datos personales vigente desde 2025 endurece ciertas condiciones, pero no aborda el problema central: la dependencia estructural de proveedores bajo jurisdicción extranjera.
Aquí es donde el tema deja de ser técnico y se convierte en político. La próxima administración, con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como eje articulador, tiene la responsabilidad de analizar este riesgo con seriedad. No se trata de ideología, sino de resiliencia nacional.
Europa ha demostrado que el camino hacia la soberanía digital es lento, costoso y complejo. Pero también ha dejado claro que no hacerlo puede resultar mucho más caro.
El Perú está advertido.
Persistir en la dependencia sin una estrategia clara equivale a asumir un riesgo silencioso pero crítico: que decisiones tomadas fuera del país puedan, en cualquier momento, condicionar —o incluso paralizar— su funcionamiento interno.
La pregunta ya no es si esto puede ocurrir. La pregunta del millón es: ¿qué hará el Perú antes de que ocurra?
Por: Redacción AS
(con información de fuente que solicitó reserva de identidad)
