La ONPE adjudicó la buena pro al consorcio Canvia, Sonda y Alfil por 144 millones, casi 80 millones menos que su oferta inicial. Existen altas sospechas sobre esta maniobra, ya que para la segunda vuelta y elecciones regionales se espera que inflen sus precios mediante adendas, aprovechando vacíos legales y la falta de un nuevo proceso. El comité encargado parece haber estado al tanto desde el inicio, favoreciendo a proveedores históricos con antecedentes cuestionables. Este escenario despierta desconfianza y preocupación por la integridad electoral y el manejo de fondos públicos, mientras la ciudadanía exige transparencia y justicia.
