En noviembre 2025, Pedro Portugal propuso chips RFID obligatorios en motos para combatir la delincuencia en Perú, inspirado en éxitos en India y México. El MTC anunció su implementación el 5 de diciembre, prometiendo identificación remota y mayor seguridad. Sin embargo, el 30 de diciembre, postergó la medida hasta fines del presente año por falta de preparación técnica, ignorando infraestructuras como pórticos LPR. Esta reversión expone la incompetencia burocrática: anuncios fanfarronados sin planificación, sorprendiendo a proveedores como la AAP y frustrando a la ciudadanía. En un año preelectoral, urge acción real contra el crimen urbano, no excusas.
De la Fanfarria Inicial a la Postergación Inesperada: La Improvisación del MTC en las Placas RFID para Motocicletas
El MTC anunció con bombos una revolución tecnológica contra la delincuencia urbana, pero la falta de planificación y olvido de infraestructuras esenciales como pórticos LPR derivaron en un aplazamiento de casi un año, exponiendo la incompetencia burocrática.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 14 de enero 2026) En un país donde la delincuencia urbana, impulsada por la movilidad anónima de las motocicletas, representa una amenaza cotidiana –con datos del INEI indicando que estos vehículos están involucrados en hasta el 70% de robos y asaltos–, surgió en noviembre de 2025 una propuesta innovadora que prometía cambiar el panorama. Pedro Portugal, experto en tecnología y gestión pública, abogaba por la implementación obligatoria de chips RFID en el chasis de las motos, una idea inspirada en éxitos globales como las placas HSRP en India, que redujeron robos vehiculares en un 15-20%, o los sistemas de rastreo en México y Filipinas. Esta visión, detallada en un artículo de América Sistemas, enfatizaba la identificación remota, verificación de antecedentes y detección de fraudes, comparándola con la adopción del cinturón de seguridad: resistida al inicio, pero transformadora a largo plazo.
La propuesta no cayó en oídos sordos por completo. El 5 de diciembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pareció hacer eco de este clamor popular al publicar en su portal oficial gob.pe una noticia titulada «MTC impulsa la modernización del sistema de identificación vehicular con placas con chip para motocicletas». En ella, se anunciaba con entusiasmo la implementación a partir del 17 de diciembre de ese mismo año, aplicable a nuevas placas, transferencias de propiedad y cambios voluntarios. El diseño incluía una placa posterior metálica con holograma, código láser y sello de agua, más un chip RFID en la calcomanía electrónica delantera para lectura automática a distancia. Ofelia Soriano, directora de Políticas y Normas en Transporte Vial, destacaba los beneficios: «Esta disposición permitirá integrar los vehículos con sistemas inteligentes de transporte, como peajes electrónicos, control de velocidad y fiscalización automatizada, fortaleciendo la seguridad vial y ciudadana». Se prometía una identificación más rápida, reducción de falsificaciones y mayor transparencia, alineándose directamente con la lucha contra la delincuencia que Portugal había propuesto.
La comunidad respondió con optimismo inicial. Motociclistas y expertos en seguridad celebraron el paso hacia la modernización, viendo en el RFID una herramienta para disuadir el uso criminal de motos, similar a las restricciones horarias en Colombia que cortaron homicidios en un 30%. Sin embargo, este entusiasmo duró poco. Apenas 25 días después, el 30 de diciembre de 2025, el MTC dio un giro abrupto: mediante el Decreto Supremo N.º 021-2025-MTC, publicado en El Peruano, se postergó la exigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. La noticia, reportada por La República, justificaba el retraso como necesario para una «transición ordenada y eficiente», citando la necesidad de acciones técnicas, operativas y administrativas adicionales. En esencia, el ministerio admitía implícitamente que el anuncio original carecía de base sólida, optando por mantener el sistema vigente y evitar inconvenientes en la emisión de placas.
Este viraje no es solo un ajuste logístico; es el epítome de la improvisación gubernamental. Fuentes oficiales posteriores, como un comunicado del MTC del 5 de enero de 2026, reiteran la postergación temporal del uso de placas con chip RFID, enfatizando que se continuará con el sistema actual sin exigir nuevos elementos holográficos. Pero las críticas no se hicieron esperar. Infobae reportó que la decisión generó cuestionamientos por la «falta de claridad en la política pública», destacando cómo el MTC pasó de un lanzamiento triunfal a un aplazamiento a menos de un mes de la fecha inicial. Peor aún, la medida sorprendió incluso a la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entidad encargada de fabricar las placas. En un comunicado del 30 de diciembre de 2025, la AAP expresó que se había preparado con un año de anticipación tras la Ley 32184 de diciembre 2024, invirtiendo en logística para las nuevas placas tipo Mercosur. Ahora, el decreto los obliga a revertir a la producción antigua de placas de seis dígitos, un proceso que tomará aproximadamente 16 semanas, dejando en limbo a compradores de motos nuevas durante cuatro meses. La AAP exhortó urgentemente al MTC por instrucciones, advirtiendo de «grave afectación» a los usuarios. El Comercio amplificó esta sorpresa, notando que el MTC no informó previamente a la AAP, y recordando que el chip RFID estaba diseñado para lecturas mediante dispositivos manuales o pórticos en vías públicas.
Aquí radica uno de los fallos más flagrantes: el olvido de los pórticos de captura LPR (License Plate Recognition). La propuesta original y el anuncio del MTC enfatizaban la lectura remota y automática, pero como señaló Dani Mendoza, presidente de la Comunidad Motera del Perú, en declaraciones a RPP, el ministerio no realizó estudios previos para instalar estos pórticos ni adquirir escáneres para la Policía. «Vamos a tener una placa holográfica delantera. Va a ser que los motociclistas paguemos 431 millones por una tecnología que no es sostenible», criticó Mendoza, cuestionando el impacto real en la seguridad ciudadana sin la infraestructura complementaria. Esta omisión no es menor; en modelos exitosos como el de India, el éxito radica precisamente en la integración con sistemas de escaneo masivo. En Perú, el MTC lanzó la idea a los cuatro vientos –incluyendo videos en YouTube y posts en redes sociales– sin evaluar la viabilidad operativa, chocando con la realidad de un ecosistema de innovación estancado, como ya advertía Portugal.
La incompetencia de los funcionarios del MTC se evidencia en esta secuencia: un anuncio apresurado para capitalizar el «clamor popular» en un año preelectoral –con la inseguridad afectando al 80% de limeños según Ipsos–, seguido de un retroceso que expone la falta de experiencia y planificación. No es la primera vez; medidas superficiales como chalecos reflectantes o prohibiciones de dos pasajeros han fallado por similar dejadez. Ahora, con elecciones en 2026 aproximándose, esta postergación podría convertirse en munición política, pero a costa de la confianza ciudadana. Los costos –tanto económicos para proveedores como de oportunidad en la lucha contra el crimen– son incalculables.
Para avanzar, Perú necesita más que ideas lanzadas al aire: requiere inversión público-privada, normativas con respaldo técnico y ejecución implacable. Ignorar lecciones globales y priorizar lo personal sobre lo nacional condena a la vulnerabilidad. Como concluye Portugal en su propuesta original, «es hora de hacer, no de excusas». El MTC debe responder con transparencia sobre los pasos siguientes, o este episodio quedará como otro capítulo de burocracia fallida en la era de la IA y el 5G.
