Eco del reportaje anterior (aquí). Ejecutivos de Lenovo revelan a América Sistemas que fueron excluidos de la millonaria compra de S/27 millones para el sector salud. La marca global denuncia plazos de entrega «imposibles» y falta de apertura de Perú Compras, pese a haber ganado licitaciones anteriores. Admiten que el direccionamiento «huele, se quema, pero no hay evidencia». El gobierno representa el 60% de su segmento corporativo, pero las condiciones técnicas y temporales los dejan fuera sistemáticamente. Transparencia y plazos reales, exigen, para que el Estado compre por calidad, no por sobreprecio.
El descontento silencioso de Lenovo: “No nos invitan y cuando podemos, los plazos son imposibles”
La empresa tecnológica global revela en exclusiva las trabas que enfrentan las marcas para competir en compras públicas peruanas. Admiten que el direccionamiento “huele, se quema”, pero no hay evidencia. El Estado compra procesadores de máxima capacidad para alumnos de primaria mientras el sobreprecio para Essalud alcanza los S/10 millones.
El escándalo destapado por América Sistemas sobre la millonaria compra de 4,000 computadoras para Essalud —adjudicadas por S/27 millones cuando el mismo equipo se pagó S/17 millones hace apenas meses— dejó una pregunta en el aire: ¿por qué otras marcas no compitieron? ¿Acaso no quisieron, o no pudieron?
Para encontrar respuestas, este medio buscó la versión de una de las tecnológicas globales con mayor presencia en el país: Lenovo. La entrevista con Raúl Chávez y Andrey Yivanovich, responsables del área de gobierno de Lenovo Corporativa, revela un mapa de descontento silencioso, donde las reglas del juego parecen escritas para excluir a quienes no forman parte del círculo íntimo de las compras estatales.
Lo que sigue es la versión de una marca que, pese a su peso global, ha sido marginada de procesos clave. Sus respuestas —muy medidas, diplomáticas, pero cargadas de señales— confirman lo que muchos sospechan: el direccionamiento no es un accidente, es un método.
“No hemos sido invitados”: la exclusión como punto de partida
La primera revelación es contundente. Lenovo no participó en la cuestionada compra de las 4,000 laptops para el Congreso de Salud —y no porque no quisiera, sino porque no se le permitió. “De Perú Compras, en esta no estamos participando, porque no hemos sido invitados”, confiesa Chávez con visible extrañeza.
El mecanismo habitual, explican, funciona mediante “fichas” o catálogos de proveedores precalificados en la plataforma de Perú Compras. Si tu marca no está en la ficha, no puedes presentar oferta. Y en este caso, las fichas de Lenovo fueron excluidas deliberadamente.
La situación resulta incomprensible incluso para los propios ejecutivos, que recuerdan que apenas unos meses atrás —en una compra similar— Lenovo ganó la adjudicación de unas 200 máquinas. “Han sido excluidas las fichas de Perú Compras (…) por alguna razón que no entendemos, no han sido consideradas”, insisten.
Frente a esta exclusión, Lenovo envió cartas formales expresando su “extrañeza”. Sin embargo, como reconocen con honestidad, enviar una carta no garantiza que las puertas se abran.
El factor decisivo: plazos imposibles y la crisis global como excusa
Más allá de la exclusión directa, los ejecutivos de Lenovo identifican un segundo mecanismo de filtro: los plazos de entrega diseñados para ser incumplibles.
“Algunas veces las condiciones son complicadas, por ejemplo, el plazo de entrega (…) nosotros estamos a nivel global en una complicación. Momentos complicados por supply, que limitan, condicionan los tiempos de entrega. Entonces, si aparece un concurso con un tiempo de entrega muy estrecho, nosotros, como fabricantes y seguramente algunos otros, le diremos a nuestros canales: no podemos participar”, explican.
Esta confesión es clave. Mientras que la compra de EsSalud en septiembre de 2025 se ejecutó con plazos razonables, la nueva adjudicación —con su millonario sobreprecio— pudo haber establecido condiciones temporales tan ajustadas que automáticamente dejaban fuera a cualquier fabricante que no tuviera stock preposicionado en el país. Es decir, a todos excepto al ganador predefinido.
“Lo que sí es que hemos tratado nosotros, en repetidas ocasiones, de reunirnos con la gente de Perú Compras para explicarles la problemática a nivel global (…) para que Perú Compras tome las correcciones necesarias para ampliar los plazos de entrega (…) pero no hemos tenido esa apertura, lamentablemente”, añaden.
Los ejecutivos detallan cómo Perú Compras ha ido reduciendo los plazos de forma contradictoria con la realidad del mercado: de 60 días a 90 días durante la pandemia, y luego de vuelta a 60 días justo cuando la escasez global de componentes —memorias, chips— alcanzaba su punto crítico. “Y es imposible fabricarlas, importarlas en 60 días”, sentencian.
La trampa de las especificaciones: ¿compra de calidad o direccionamiento?
Otra de las revelaciones de la entrevista apunta a las especificaciones técnicas. ¿Por qué el Estado peruano insiste en comprar procesadores de máxima gama —como un Intel Ultra 7— para tareas que no los requieren?
“En áreas de que el Estado compre mejor, yo creo que deberían pluralizar en los tipos de equipos (…) Cuando en realidad el universo de necesidades del Estado es bien amplio. Hay máquinas que las vamos a estar usando de repente, personas que no necesitan un procesador de máxima capacidad (…) un alumno de primaria no necesita un superprocesador”, señalan.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué se pide lo máximo si no se necesita? “Muchas veces por desconocimiento, pienso yo”, responde con cautela el ejecutivo.
Sin embargo, el contexto del reportaje anterior —donde se documentó el sobreprecio de S/10 millones en la compra de equipos HP— sugiere que el “desconocimiento” puede ser una cortesía diplomática para no decir “direccionamiento”. Cuando se le pregunta directamente si tienen conciencia de que ha habido casos de direccionamiento, la respuesta es críptica pero elocuente: “No hay evidencia. Por más que huela, se quema, pero no se sabe a dónde sale el humo. Pero se quema”.
El peso del gobierno: 60% de su segmento, 12% de sus ventas totales
Para entender el impacto de estas restricciones, basta mirar los números. El gobierno representa aproximadamente el 60% de las ventas del segmento corporativo de Lenovo en Perú, y entre el 10% y 12% de sus ventas totales. No es un mercado menor. Es, quizás, el más importante.
A pesar de todo, los ejecutivos aseguran que el año está siendo positivo y que continuarán participando en todo proceso que esté abierto. Pero el mensaje de fondo es inequívoco: hay barreras, hay exclusiones y hay un malestar que no se expresa en voz alta.
El tongo de las laptops tiene nombre y apellido
La entrevista con Lenovo confirma lo que el reportaje de América Sistemas ya había documentado: las compras públicas de tecnología en Perú no son un mercado libre ni transparente. Son un tablero donde las fichas se mueven con intereses oscuros, donde las marcas globales son excluidas sin explicación, donde los plazos se diseñan para dejar fuera a la competencia y donde las especificaciones técnicas se inflan artificialmente para justificar sobreprecios millonarios.
“Transparencia”, pide Lenovo. “Certificaciones claras que puedan cumplir todos los fabricantes. Condiciones como los precios de entrega que sean los acordes a la situación del mercado”.
La pregunta final, que queda flotando, es la misma de siempre: ¿quién se beneficia de este sistema? ¿Por qué Perú Compras, lejos de fiscalizar, se ha convertido en el escenario donde se consuman estas irregularidades? ¿Por qué la Contraloría no actúa? Mientras tanto, la sangría continúa. Esta vez, fueron S/27 millones. La próxima, ¿cuánto será?
Importante: Reportaje realizado por el equipo de América Sistemas
