En un escándalo que expone la corrupción estatal en Perú, Sunafil adjudicó 453 mil soles a Lotengo Perú S.A.C., una empresa con un solo empleado y sede inubicable, para respaldar datos sensibles. El contrato falló ante un reciente hackeo, robando 200 GB de información laboral, incluyendo inspecciones y multas. La entidad acumula contratos por 2.2 millones de soles pese a su opacidad. El superintendente Enrique Guevara fue destituido; su sucesor, Edgar Vallejos, tiene lazos políticos con APP. Sin funcionarios presos por desfalco, la impunidad persiste. ¡Basta ya! Fiscalía y Contraloría deben actuar para evitar repeticiones. Este caso avergüenza al país y perjudica a millones de trabajadores.
Escándalo en Sunafil: Contrato Millonario con Empresa Fantasma Desata Ciberataque y Pérdida de Datos Sensibles
En un nuevo mazazo a la confianza pública, Sunafil adjudicó 453 mil soles a empresa de solo un empleado para respaldar datos, fallando estrepitosamente ante un hackeo que expuso información laboral de millones. Impunidad reinante: cero funcionarios presos por desfalco estatal.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 10 de diciembre 2025) En las entrañas del aparato estatal peruano, donde se supone que la fiscalización laboral vela por los derechos de millones de trabajadores, ha estallado un escándalo que no solo revela negligencia administrativa, sino un patrón alarmante de despilfarro y opacidad. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, firmó en enero de 2025 un contrato por 453 mil soles con Lotengo Perú S.A.C., una compañía de telecomunicaciones que, según registros de la Sunat, opera con apenas un trabajador en planilla y cuya sede física en Santiago de Surco resulta inubicable, calificada por investigaciones periodísticas como una «empresa fachada».
El propósito del contrato era claro y urgente: implementar copias de respaldo para proteger datos confidenciales ante la creciente ola de ciberataques contra instituciones públicas. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2025, Sunafil sufrió un hackeo masivo bajo la modalidad de ransomware, que encriptó y robó 200 GB de información sensible. Entre los datos perdidos figuran reportes de inspecciones laborales, denuncias de violaciones a derechos trabajadores y registros de multas a miles de empresas. El sistema colapsó, obligando a inspectores a trabajar manualmente en condiciones precarias, retrocediendo «a la época de la carreta», como lo describen fuentes internas.
El respaldo contratado, pagado con dinero de los contribuyentes, falló rotundamente: no se recuperó nada, dejando expuestos a millones de peruanos y generando un perjuicio irreparable al erario nacional.
Pero el caso de Lotengo Perú no es aislado. Esta entidad, pese a su estructura mínima y dudosa operatividad, ha acumulado más de 2.2 millones de soles en contratos estatales en solo cuatro años, incluyendo acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) por 32 mil soles en sistemas de seguridad, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 69 mil soles en mailing masivo, y la Biblioteca Nacional del Perú por 397 mil soles en soluciones de Wi-Fi. ¿Cómo una empresa con un solo empleado ejecuta servicios tan complejos? La pregunta resuena en los pasillos del poder, donde la adjudicación simplificada –sin licitación competitiva– parece haber primado la rapidez sobre la diligencia.
Al frente de esta operación fallida estaba Enrique Guevara Varela, superintendente de Sunafil hasta su destitución por «pérdida de confianza» poco después del incidente. Su reemplazo, Edgar Vallejos Florian, asume ahora la tarea de reconstruir una institución paralizada. Sin embargo, voces críticas señalan vínculos políticos de Vallejos con Alianza para el Progreso (APP), un partido que ya influye en ministerios clave como Salud, cuestionando si la elección obedece a méritos técnicos o a favores partidarios, especialmente en vísperas electorales.
Este escándalo no es mera anécdota; es un síntoma de una enfermedad crónica en el Estado peruano: la corrupción rampante y la impunidad absoluta. A la fecha, no hay un solo funcionario corrupto tras las rejas por desfalcar al erario nacional, pese a innumerables casos de contratos inflados, empresas fantasma y pérdidas millonarias. ¡Ya basta! Esta vergüenza nacional se repetirá indefinidamente si la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y los órganos de control internos no actúan con rigor y celeridad. ¿Cuántos hackeos más, cuántos millones evaporados, cuántos derechos laborales pisoteados toleraremos antes de exigir rendición de cuentas real?
En un país donde los hackers atacan al Estado «como les da la gana» –según testigos–, licitando con entidades dudosas sin consecuencias, el mensaje es claro: la negligencia no solo cuesta dinero, sino confianza en las instituciones. Es hora de que el gobierno de José Jerí Oré corrija curso, priorizando técnicos independientes sobre aliados políticos. De lo contrario, el «banco de multas» laboral se diluirá, beneficiando a infractores y perjudicando a los trabajadores. Perú merece más que promesas; exige justicia.
Un comentario
Señores de América Sistemas, denuncio una red de impunidad y manipulación de expedientes en SUNAFIL. Mi Orden de Inspección 228-2024, referida a la empresa VYT CONTRATISTAS S.A.C. por un accidente en la Torre 128 (Línea 2109), presenta inconsistencias críticas en la Mesa de Partes Virtual, figurando a nombre de otras empresas ajenas.
Denuncio la inacción y presunta corrupción en la Sede Callao de SUNAFIL, donde he presentado 10 denuncias adicionales (por despido arbitrario, falta de boletas, coacción, contratos fraudulentos y hostigamiento) las cuales han sido dilatadas o archivadas sin respuesta desde noviembre de 2024 hasta la fecha.
Esta falta de tutela administrativa involucra a los inspectores Edwin Saúl Cóndor Bautista, José Antonio Lupa Condori y al supervisor Juan Carlos Suárez Wong. Como agravante, en la Carpeta Fiscal 1663-2025 de Chosica se han detectado folios mutilados (39, 40 y 41) que pretenden excluir a estos funcionarios y degradar los delitos de Falsedad Ideológica y Atentado contra la Seguridad y Salud para favorecer a la empresa. Pongo estos hechos en conocimiento público; cuento con las pruebas y capturas en mi equipo móvil.
Luis German Ricarte Luna
DNI 40634701