En la edición anterior de AS, desvelamos el «secreto de Estado» en el proyecto de banda ancha de Áncash, donde contratos confidenciales y diseños obsoletos desperdician millones de soles públicos sin entregar conectividad efectiva. Ahora, esta segunda parte expone el colapso en Puno y el sur andino: la empresa Orocom abandona el proyecto, dejando deudas de más de 20 millones a proveedores locales y comunidades sin internet. Este patrón de opacidad, bajas velocidades y tarifas infladas agrava la brecha digital, afectando escuelas y postas médicas y nadie parece darse cuenta.
Del Secreto en Áncash al Abandono en Puno: La Estafa que Agrava la Brecha Digital Peruana
El colapso del proyecto de banda ancha en Puno, con deudas millonarias de Orocom a proveedores locales y comunidades sin internet, expone el patrón de opacidad y fracaso en Pronatel, demandando reformas urgentes para garantizar derechos digitales.
(americasistemas.pe Lima, Perú – 17 de diciembre 2025) En la primera entrega, desentrañamos el «secreto de Estado» en el proyecto de banda ancha de Áncash, donde contratos confidenciales y diseños obsoletos dilapidan cientos de millones de soles públicos sin entregar conectividad real. Ahora, este patrón se repite con mayor crudeza en el sur andino, donde la empresa colombiana Orocom abandona el terreno dejando un rastro de deudas y promesas incumplidas, afectando no solo la infraestructura digital sino la economía local de regiones como Puno, Junín, Moquegua y Tacna.
El proyecto en Áncash, adjudicado a YOFC Perú S.A.C., prometía conectar 817 instituciones y 481 centros poblados con una red de fibra óptica y acceso inalámbrico. Sin embargo, el diseño técnico –formulado en 2015 y proyectado para operar hasta 2026– ofrece velocidades efectivas inferiores a 1 Mbps para escuelas, postas médicas y comisarías, expuestas a interferencias y congestión. El Estado cubre el 100% del CAPEX (más de 300 millones de soles a nivel nacional para 21 proyectos similares), 10 años de OPEX (alrededor de 290 millones solo en Áncash) y reinversiones, pero las tarifas por Mbps superan los precios de mercado: 26 dólares por 1 Mbps en la red de transporte, y cerca de 100 soles mensuales por conexiones básicas en instituciones rurales. Esta opacidad financiera, amparada por la Resolución 092-2020-MTC/24 que declara confidencial la estructura de costos, crea una «caja negra» que impide auditorías efectivas y alimenta sospechas de corrupción.
Pero si Áncash representa la asimetría contractual y el desperdicio técnico, el caso de Puno ilustra el colapso total: un proyecto para llevar banda ancha a 942 localidades queda inconcluso, con Orocom abandonando la región y dejando deudas superiores a 20 millones de soles a más de 20 proveedores locales. Empresas puneñas enfrentan quiebra por esta «estafa millonaria», como la califica la prensa local, mientras comunidades indígenas y 293 mil personas se quedan con antenas inútiles y sin acceso a internet. Pronatel y el MTC han sido criticados por su silencio, sin respuestas ante las demandas de los afectados, que incluyen no solo pagos pendientes sino la reactivación del servicio para colegios y postas médicas.
Este patrón se extiende: en Áncash, servicios de baja capacidad y tarifas rígidas; en Puno, salida abrupta de operadores con deudas que dañan economías locales. Sobre el papel, se promete «conectividad integral y desarrollo social», pero en la práctica, escuelas rurales luchan con conexiones saturadas que impiden clases en línea, telemedicina o videovigilancia, contrastando con estándares internacionales como los 40 Mbps simétricos exigidos en Colombia o por UNESCO. La brecha digital persiste, y el presupuesto público se evapora sin impacto positivo, como lamentan opiniones ciudadanas: «Triste realidad de este país» y «brecha digital persistente sin alternativas».
El nuevo ángulo revela no solo fallas técnicas, sino un impacto humano y económico devastador: proveedores quebrados, comunidades aisladas y un Estado que asume riesgos totales mientras operadores extranjeros se retiran impunes. ¿Es esta la «banda ancha regional» que merecen los peruanos? Urge una reforma integral: transparencia total en costos para proyectos 100% públicos, rediseño a FTTx (fibra hasta los locales) con capacidades mínimas internacionales, y renegociación de contratos para actualizar tarifas y upgrades tecnológicos.
Congreso, MTC, Pronatel y MEF deben actuar con participación de gobiernos regionales y sociedad civil. Medir el éxito no por CAPEX ejecutado (87% en Áncash sin conectividad real), sino por usuarios efectivamente conectados. De lo contrario, estos proyectos no cerrarán brechas, sino que las profundizarán, convirtiendo derechos digitales en ilusiones millonarias al agua.
