En Perú, leyes avanzadas en IA y protección de datos contrastan con infraestructuras obsoletas, exponiendo riesgos cibernéticos. El Ing. Daniel Lizárraga ilustra esta contradicción con la analogía de un autobús: aplicaciones modernas («asientos de lujo») sobre un chasis oxidado (servidores y bases de datos antiguas) generan ineficiencias y fallos. Mientras España, Corea del Sur y Uruguay invierten en renovaciones integrales, Perú debe priorizar migraciones estratégicas para evitar colapsos. Este reportaje urge pasar del «bla, bla, bla» normativo a acciones concretas, asegurando un gobierno digital resiliente y seguro para los ciudadanos.
¿Asientos de lujo en un chasis oxidado? La paradoja de la modernización tecnológica en el Estado
En Perú, leyes vanguardistas en IA y protección de datos coexisten con infraestructuras obsoletas, generando riesgos críticos. El Ing. Daniel Lizárraga expone esta contradicción mediante una analogía automovilística, mientras naciones como España, Corea del Sur y Uruguay avanzan con modernizaciones integrales.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 17 de diciembre 2025) En un contexto donde la transformación digital se presenta como el motor del desarrollo, Perú ostenta un marco normativo envidiable: la Ley 31814, promulgada en 2023, promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) para impulsar el crecimiento económico y social, estableciendo principios de transparencia, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Complementan este panorama la Ley 29733 de Protección de Datos Personales, actualizada con un nuevo reglamento aprobado por el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, que entrará en vigor en marzo de 2025 y fortalece mecanismos contra vulnerabilidades digitales. Además, normativas como el Decreto Supremo N.º 070-2017-PCM y subsiguientes regulaciones sobre gobierno digital posicionan al país como un referente en América Latina en términos legislativos.
Sin embargo, ¿de qué sirven estas regulaciones si permanecen en el plano teórico? Como bien señala el Ing. Daniel Lizárraga, experto en gestión tecnológica en el sector público con años de experiencia en entidades estatales, la realidad subyacente es alarmante. En un comentario público reciente, Lizárraga utiliza una analogía contundente para ilustrar el problema: «El Autobús de la Infraestructura». Imagínese la plataforma tecnológica de una entidad pública como un autobús de mediana edad. Por fuera, parece funcional, pero su interior revela obsolescencia crónica.
El chasis, representado por servidores y sistemas operativos con 8 o 10 años de antigüedad, carece de soporte del fabricante, duplicando costos de mantenimiento en comparación con una modernización. El motor, equivalente a bases de datos desactualizadas de hace una década, opera sin parches de seguridad modernos, exponiendo al Estado a ciberataques constantes. Y los asientos –las aplicaciones visibles para el ciudadano– son sistemas legacy heredados, verdaderas puertas abiertas a riesgos cibernéticos.
El error recurrente, según Lizárraga, radica en priorizar «asientos de lujo»: aplicativos modernos y vistosos que mejoran la fachada digital, como portales web innovadores o servicios en línea. Pero montarlos sobre un chasis oxidado genera saturación, lentitud y, peor aún, fallos catastróficos que comprometen la continuidad de servicios esenciales. «La urgencia por mostrar resultados rápidos a la ciudadanía nos lleva a descuidar lo invisible: los cimientos que sostienen la operación del Estado», enfatiza el ingeniero.
Esta paradoja no es exclusiva de Perú, pero aquí resuena con particular fuerza. A pesar de avances reportados en el portal de indicadores de digitalización del Gobierno (indicadores.digital.gob.pe), donde se destacan progresos en gobierno digital, la implementación real lags behind. Expertos coinciden en que las normativas existen, pero faltan inversiones estratégicas en infraestructura subyacente. Es el clásico «bla, bla, bla» que frustra a ciudadanos y profesionales: leyes impecables sobre papel, pero un ecosistema tecnológico vulnerable que amenaza la soberanía digital.
En contraste, varios países demuestran que una transformación integral es posible. España, por ejemplo, consolida su liderazgo en Europa según el Informe del Estado de la Década Digital 2025 de la Comisión Europea, destacando en competencias digitales, conectividad y servicios públicos en línea. Con inversiones en infraestructuras escalables y seguras, España no solo actualiza sus «asientos», sino que renueva todo el «autobús», logrando un desempeño global que la posiciona entre los mejores.
Corea del Sur, otro referente, figura en rankings globales de innovación como el de Clarivate 2025, con empresas líderes impulsando la digitalización gubernamental. Su enfoque en bases de datos modernas y ciberseguridad integral ha permitido servicios eficientes, desde trámites electrónicos hasta plataformas de IA aplicadas al bienestar público.
En América Latina, Uruguay se erige como modelo, con avances en GovTech que incluyen portales unificados y migraciones a la nube seguras. Chile, México y Colombia también progresan, invirtiendo en actualizaciones sistémicas que evitan la trampa de lo superficial. Incluso naciones emergentes como Brasil, galardonado con el Premio al Liderazgo Gubernamental 2025 de la GSMA por políticas en conectividad móvil, o Guinea en África, que se consolida como potencia digital regional mediante infraestructuras públicas digitales robustas, ilustran que la clave reside en decisiones estratégicas: dejar de parchar y optar por renovaciones completas.
Lizárraga concluye expresando: «La verdadera modernización requiere invertir en cambiar el vehículo entero, migrando hacia infraestructuras modernas antes de que el actual se detenga por completo». Para Perú, cerrar el 2025 con esta reflexión es oportuno. Con un marco legal sólido, el desafío es pasar del discurso a la ejecución. Innovar en el Estado no es solo crear nuevas webs; es asegurar que el motor que las impulsa sea sólido y seguro. Solo así evitaremos que nuestros «asientos de lujo» terminen en un chasis oxidado, garantizando un servicio público resiliente para el futuro.
Un comentario
En el 2017 se promulgo DECRETO SUPREMON.º 081-2017-PCM que aprueba la formulación de un Plan de Transición al Protocolo IPV6 en las entidades de la Administración Pública. 8 años después ni una sola entidad lo ha implementado de forma tecnica, solo han generado documentos que NO son ejecutables. Acompaño lo indicado por el Ing. Lizárraga, como lo he manifestado UN NUEVO CENTRO DE DATOS QUE NO OPERE AL 100% en IPv6 es una INVERSION que solo durara UNO O DOS AÑOS, y en algunas entidades del sector publico hablamos de millones de soles.