Los “audios de la vergüenza” constituyen evidencia o prueba irrefutable de algo que todos los peruanos tenemos como una verdad hace muchos años, la justicia es una mercancía que se pone en subasta incluso a iniciativas de abogados, fiscales, jueces y hasta consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Una parte aún no precisada de estos audios son producto de una interceptación telefónica solicitada por la fiscal contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra y autorizada por el Juez Cerapio Roque Huamáncondor. Otra parte fueron entregados por una fuente anónima a IDL. Oficialmente, este tipo de intervenciones se hacen con el Sistema Constelación a cargo de la Dirandro.
Mafias vs tecnologías. El verdadero CUARTO PODER
Efectivamente todo empezó por el seguimiento a las mafias de tráfico de estupefaciente que operan en el Callao, principal punto de embarque de los cargamentos de droga que se “exportan” a diferentes destinos del mundo. Recordemos que Perú es hace más de dos décadas, importante exportador de cocaína. Recordemos que en el avión presidencial y los buques de la armada peruana se sacaba droga. ¿Habrán audios que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas?, ¿Sólo hay audios de los Consejeros del CNM, jueces, fiscales y políticos?. La conversión de la justicia, la impunidad y el abuso en productos de venta por demanda es solo una arista de la realidad vista desde el sector justicia. La verdad es que la desigualdad estructural que caracteriza a nuestro país, tiene causas fuertemente impregnadas de corrupción. Desde la pesca, tala y minería ilegal (y todas las plagas criminales que las acompañan como trata de personas, contrabando, sicariato, evasión tributaria, etc) hasta las concesiones mineras fraudulentas que arrasan con zonas protegidas de comunidades campesinas e indígenas.
Los que estamos en tecnología sabemos que esta problemática se puede controlar y hasta prevenir con el uso correcto de tecnología. Intuimos que lo saben también las autoridades que nos gobier…, perdón que nos roban hace décadas. Durante el Gobierno de Humala se compró el Satélite Peru SAT 1. Con el cuál es posible la observación de las actividades ilegales descritas, incluyendo las coordenadas geográficas exactas y posibilitando la correspondiente interdicción, incluso inmediata. Sin embargo, las mafias se han encargado de que esta tecnología sea prácticamente sepultada por acusaciones de sobrevaloración y pugnas institucionales por la exclusividad del uso y abuso de las imágenes satelitales.
Los que estamos en tecnología sabemos que la existencia de decenas de bases de datos para controlar los millonarios fondos que se destinan por ejemplo a Kaliwarma o Pensión 65 son invitaciones a la corrupción hormiga distrital para ser inscrito como beneficiario. Que la casi nula utilización del Sistema de Recaudación Municipal Tributario del MEF en las más de 1850 gobiernos locales a nivel nacional, es un permiso no escrito para el robo sistemático de “tributos” convertidos en coimas y microcoimas. Desde los “permisos” de auto construcción hasta “licencias” imaginarias de prostibares. Sin embargo los procesos tecnológicos que desde el MEF deberían implementarse, están hace varios años entrampados, tratando de mantenerse a flote a pesar de las mafias de burócratas que asoman sus fauces desde los mismos organismos financieros internacionales.
Los que estamos en tecnología sabemos que existen hace años, decenas de miles de suplantaciones de identidad y prestaciones médicas fraudulentas cada mes, que sumados llegan a cifras cercanas al 5% o 6% de los presupuestos del SIS y del MINSA. Felizmente en EsSalud recién se está haciendo algo importante al respecto, pero nos consta que en las otras entidades, el boicot y la incapacidad técnica se coluden con las mafias para impedir que la tecnología cumpla el rol que debería tener.
Los que estamos en tecnología sabemos que las islas de información constituyen la principal forma de vida de la corrupción encriptada en la ejecución de los TUPAS en favor de los ciudadanos. Sabemos que soluciones “end to end” con trazabilidad y perfiles de usuarios adecuados extinguirían esa nociva forma de vida. Sin embargo, nos refugiamos en que no hay asignación presupuestal.
Los que estamos en tecnología sabemos que los motores de reglas pueden ayudar a significativamente a las labores de filtración, focalización, categorización, clasificación, evaluación..etc,. de miles de casos de uso y hacer más efectivos los procesos y presupuestos. Sin embargo la aparente complejidad tecnológica nos intimida.
Los que estamos en tecnología sabemos que la analítica, las redes neuronales, la inteligencia artificial muy bien puede ayudar en forma decisiva a la identificación de patrones de conducta a la prevención y en general al control de riesgos. Sin embargo no se ve estos elementos en casi ningún PETI.
En resumen, todos lo que estamos en tecnología sabemos que el CUARTO PODER no es la prensa, es la TECNOLOGÍA. Siendo así, ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el futuro de nuestros hijos?
Un comentario
¡Alto ahí…!!! Si se pone orden, los negocios de los gobernantes y funcionarios coimeros quedarán al descubierto. Si fluye la información de los precios de los productos en el mercado, antes que un gerente de administración lo ejecute, cómo van a comprar sobrevaluado…???
Los millones de dólares que ahorraríamos sin hubiese tecnologías de la información para el control estatal, sería perjudicial para el clientelaje político.
Si, téngase cuidado, supervisar y verificar cada sol que gasta el Estado descubriría a los empresarios privados que se coluden para estafar al país. Estos son los que cautelan que el discurso se divulgue, pero que no se implementen las soluciones.
Mucho por hacer. Sugiero un buzón digital de denuncias, que sea anónimo y cuyas denuncias sean chequeadas puestas a consideración de la opinión pública para que los denunciados hagan sus descargos, si luego de comprobadas los fiscales no actúan de oficio que estos sean sancionados y excluidos del sistema. El anonimato es un riesgo, pero el silencio lo es peor y todos actuarían con extremo cuidado para no involucrarse en denuncias. La ciudadanía tendría un recurso para evidenciar las inconductas.