El nuevo reglamento de Obras por Impuestos introduce cambios que, bajo el argumento de flexibilizar la inversión, podrían reabrir espacios al fraude. Tras el cierre de las llamadas “empresas cascarón”, ahora surge un esquema más sofisticado: compañías locales sin respaldo real podrían participar con el aval de firmas extranjeras mediante simples declaraciones juradas, debilitando los controles. América Sistemas advierte que esta modificación no corrige distorsiones, sino que las transforma y profundiza. El riesgo es claro: pérdida de transparencia, captura del mecanismo por operadores oportunistas y afectación directa a la calidad de las obras públicas en perjuicio del país.
OxI en riesgo: la nueva ingeniería legal del saqueo al País
El mecanismo de Obras por Impuestos enfrenta una desnaturalización crítica bajo el D.S. N° 038-2026-EF, transitando de empresas fachada locales a un sofisticado esquema de «padrinazgo extranjero». Esta regulación prioriza la solvencia financiera «en papel» y la especulación con certificados tributarios sobre la capacidad técnica real, desplazando la inversión social en favor de una ingeniería legal que compromete los fondos regionales
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 18 de marzo). De la Empresa Cascarón a la Ingeniería del Padrinazgo Internacional. El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), originalmente diseñado para cerrar brechas de infraestructura mediante la eficiencia privada, atraviesa una fase de desnaturalización profunda. Entre 2024 y 2025, el sistema experimentó el auge de las «empresas cascarón», entidades con estructuras mínimas y nula capacidad técnica que lograron capturar más del 40% de los procesos adjudicados. Este fenómeno permitió que las adjudicaciones se dispararan 8.4 veces, pasando de un promedio histórico de S/ 510 millones a más de S/ 5,239 millones en 2025. Sin embargo, esta expansión fue ficticia: a diciembre de 2025, solo el 2% de ese total se tradujo en ejecución financiera real.
Hoy, el fraude ha mutado hacia una figura más sofisticada: el «padrinazgo patrimonial extranjero». Bajo el amparo del D.S. N° 038-2026-EF, las empresas sin respaldo real ya no necesitan simular solvencia interna; ahora pueden «avalarse» mediante declaraciones juradas y estados financieros de matrices globales, convirtiendo el riesgo en un activo difícil de rastrear por el Estado.
El Artificiado Normativo: Los Artículos 86 y 183
La nueva reglamentación, lejos de corregir las distorsiones, parece institucionalizar el modelo de intermediación financiera.
- El Filtro de Solvencia (Art. 86): Aunque exige un patrimonio neto mínimo, el numeral 86.2 permite la participación mediante representantes con facultades suficientes, validando la «solvencia en papel». Esto excluye a las constructoras peruanas con capacidad técnica real que no poseen el respaldo de una matriz global, forzándolas a ser subcontratistas de bajo costo de consorcios «apadrinados».
- La Especulación Fiscal (Art. 183): Esta disposición permite que los certificados (CIPRL/CIPGN) se fraccionen y utilicen para cancelar deudas tributarias como el IGV aduanero. Esto transforma el mecanismo en una herramienta de planificación fiscal agresiva donde las empresas buscan «papel valor» para neutralizar obligaciones de importación, desvinculando el beneficio tributario del impacto social en las regiones.
Casos Emblemáticos y Captura de Mercado
La realidad operativa de este esquema se refleja en casos como el de Hytera, empresa que se adjudicó S/ 162.66 millones con el Ministerio del Interior utilizando socios ejecutores externos, evidenciando la falta de anclaje operativo local. Un patrón similar se observa en Gilat, donde en procesos del GORE Junín por S/ 158 millones, la matriz internacional aporta el 86.06% del patrimonio frente a un escaso 13.94% de la subsidiaria local. Estos ejemplos ilustran cómo el respaldo externo se utiliza para capturar procesos sin garantizar el éxito de la obra.
Hacia una Reforma con Debida Diligencia
Para evitar que el OxI se convierta en un instrumento de saqueo bajo el amparo de la ley, es imperativo que la supervisión del MEF y ProInversión trascienda lo financiero. Se requiere una reforma que incorpore:
- Identificación del Financista: Transparentar quién está detrás de cada consorcio representado.
- Cláusula de Solidaridad: Exigir que la matriz extranjera firme como garante responsable del éxito de la obra, no solo como respaldo patrimonial.
- Rendición sobre el IGV: Asegurar que el uso de certificados no drene la liquidez de fondos regionales como el FONCOR y FONCUMUN.
- Sanciones Operativas: Inhabilitar empresas por retrasos críticos, independientemente de la salud financiera de sus «padrinos».
Sin estos «candados», el sistema seguirá premiando la ingeniería financiera corporativa mientras las regiones más necesitadas permanecen marginadas por obras inconclusas o inexistentes.
AMÉRICA SISTEMAS vuelve a poner el foco donde incomoda. Porque si antes se robaba con una mano, hoy el riesgo es que lo hagan con ambas… y bajo el amparo de la ley.
