Un nuevo capítulo del escándalo por la compra de pantallas interactivas valorizadas en más de S/81 millones sacude al Gobierno Regional de Lima. La investigación no solo expone presuntos sobreprecios, bases sin especificaciones técnicas y posible direccionamiento empresarial, sino también una inquietante realidad política: la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado —sentenciada por corrupción— continúa ejerciendo el cargo. Mientras crecen las sospechas sobre la influencia de su entorno en el proceso, la ausencia de pronunciamientos de la Contraloría y otras entidades fiscalizadoras agrava el panorama. El caso revela una peligrosa combinación de poder político, controles débiles y recursos públicos en riesgo.
Pantallas, poder y silencio
Un proyecto de S/81 millones para colegios de Lima revela presuntos sobreprecios, direccionamiento y un inquietante silencio de las autoridades fiscalizadoras frente a una gestión regional rodeada de cuestionamientos.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 18 de marzo 2026) La semana pasada revelamos los indicios de un presunto negociado superior a S/81 millones en el Gobierno Regional de Lima (Reportaje aquí). Hoy surge una pregunta aún más perturbadora: ¿cómo es posible que una autoridad sentenciada por corrupción continúe ejerciendo el poder público?
La gobernadora regional, Rosa Vásquez Cuadrado, fue condenada por un tribunal penal a nueve años y cinco meses de prisión por delitos de corrupción, y sin embargo continúa al frente de la administración regional. La situación, además de insólita, abre un grave debate institucional: ¿qué mecanismos del Estado están fallando para permitir que una autoridad con sentencia judicial siga tomando decisiones que comprometen recursos públicos?
El caso de las pantallas interactivas para más de 700 colegios —proyecto que supera los S/81 millones bajo la modalidad de Obras por Impuestos— es hoy el epicentro de esas dudas. Documentos técnicos revisados evidencian bases sin especificaciones técnicas, cotizaciones sospechosamente similares, precios duplicados y un proceso con aparente direccionamiento empresarial.
Pero lo que resulta aún más inquietante es el silencio institucional.
El mutismo de la Contraloría
Ante irregularidades que, según especialistas en contratación pública, podrían configurar colusión o negociación incompatible, la reacción de los organismos de control ha sido prácticamente inexistente.
La Contraloría General de la República, llamada constitucionalmente a vigilar el uso de los recursos públicos, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento contundente ni ha anunciado una intervención visible frente a un proyecto que compromete decenas de millones de soles del erario.
La pregunta surge inevitable: ¿Se trata de lentitud burocrática o de una peligrosa indiferencia frente a un posible desfalco?
Más aún cuando el proceso presenta señales alarmantes: bases incompletas, ausencia de términos técnicos, estudios de mercado cuestionables y precios de equipos que duplican adquisiciones similares realizadas por la propia entidad en 2024.
El problema de fondo
Si la máxima autoridad regional se encuentra cuestionada judicialmente, la señal que recibe toda la estructura administrativa es devastadora. Porque si desde la cúspide del poder regional se toleran decisiones opacas, la pregunta es inevitable: ¿cómo estarán funcionando los comités de selección, las áreas técnicas y los procesos de adquisiciones?
Funcionarios, asesores y comités especiales operan bajo la autoridad directa de la gobernadora. En ese contexto, el margen para presiones, direccionamientos o decisiones políticamente inducidas se vuelve peligrosamente amplio.
El rumor que agrava el escándalo
En los pasillos administrativos del propio gobierno regional circula una versión que, de confirmarse, sería explosiva: el esposo de la gobernadora estaría operando como una suerte de “director de orquesta” detrás del proceso.
No se trata de una afirmación menor. En el sistema de contrataciones públicas peruano, la injerencia de terceros vinculados a autoridades en procesos de compra constituye un gravísimo conflicto de interés.
Si estas versiones se verificaran, estaríamos ante un esquema de influencia informal que operaría detrás de decisiones millonarias del Estado.
Un silencio que preocupa
Ni la Contraloría, ni el Ministerio de Economía, ni ProInversión, ni el Ministerio Público han emitido hasta ahora señales claras de investigación pública. Y mientras tanto, el proceso continúa.
El problema ya no es solo la compra de pantallas. El problema es la fragilidad del sistema de control cuando el poder político se vuelve impermeable a la fiscalización.
Porque cuando una autoridad sentenciada sigue gobernando, cuando procesos millonarios avanzan con evidentes cuestionamientos técnicos y cuando los organismos de control guardan silencio, la sensación que queda es inquietante: el Estado parece mirar hacia otro lado mientras el dinero público se pone en riesgo.
Y en un país con profundas brechas educativas, cada sol mal utilizado no solo es corrupción: es también una oportunidad perdida para miles de estudiantes.
Dato clave y de último minuto: Como parte de los elementos que rodean este caso, circula material visual en redes sociales que evidenciaría aspectos vinculados al proceso cuestionado. Este contenido puede revisarse en Facebook a través del siguiente enlace:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1537135058413827&set=pcb.1537135168413816&locale=es_LA el análisis podría aportar mayores indicios sobre la forma en que se viene gestionando este proyecto, que hoy está bajo el escrutinio público. Más claro que el agua.
