A menos de dos meses de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones convocó una licitación crítica para conectividad nacional sin ganador definido y sin adelanto económico. Los plazos plantean una implementación en apenas semanas, pese a que el calendario electoral era previsible desde hace años. Tras antecedentes recientes en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el proceso despierta dudas sobre previsión, competencia real y transparencia. ¿Improvisación grave o formalismo para validar decisiones ya tomadas? AS alerta sobre riesgos técnicos y democráticos que podrían comprometer la confianza ciudadana en el sistema electoral.
JNE: licitación contrarreloj que pone en jaque la infraestructura electoral
A menos de dos meses de las elecciones, el JNE convoca un proceso crítico sin ganador definido ni adelantos económicos. Especialistas alertan riesgo operativo y posible direccionamiento encubierto.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 25 de febrero 2026) La historia reciente obliga a mirar con lupa. Tras la denuncia pública sobre un proceso en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde un proveedor redujo de forma abrupta sus pretensiones económicas pese a no contemplarse segunda vuelta —“para eso están las adendas”, advertimos entonces—, ahora el foco se traslada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La nueva convocatoria, ya publicada en el portal de compras del Estado, despierta más preguntas que certezas.
El problema no es solo técnico: es de oportunidad
El servicio en cuestión —según la documentación revisada— apunta a un carrier o ISP con despliegue nacional. Hablamos de conectividad crítica para un proceso electoral. No es un contrato menor ni accesorio: es columna vertebral operativa.
Sin embargo, el calendario resulta inquietante, veamos:
– Faltan menos de dos meses para la jornada electoral.
– No existe ganador adjudicado.
– No se otorgará adelanto económico alguno.
– La implementación, de acuerdo con los plazos estimados, debería ejecutarse en aproximadamente tres semanas.
Desde una perspectiva de gestión de proyectos tecnológicos a escala nacional, esto es —en el mejor de los casos— altamente riesgoso.
¿Es viable implementar en tres semanas?
Una implementación nacional de servicios de telecomunicaciones implica, como mínimo:
– Validación de cobertura y redundancia.
– Pruebas de estrés y contingencia.
– Integración con plataformas existentes.
– Certificación de seguridad y monitoreo.
– Capacitación y protocolos de soporte.
Pretender que todo ello quede operativo en cuestión de semanas, sin adelantos financieros que faciliten despliegue inmediato, desafía cualquier estándar técnico razonable. Peor aún: si hoy —según la consulta y respuesta oficial recibida— “lo tecnológico aún no está mínimamente operando satisfactoriamente”, el margen de error se reduce peligrosamente.
El antecedente que inquieta
El patrón preocupa. Primero, un proceso en la ONPE con movimientos económicos llamativos. Ahora, en el JNE, un proceso convocado a última hora pese a que la fecha electoral es conocida desde hace años. En planificación pública, la previsión es obligatoria. Las elecciones no son un evento sorpresivo. Su inminencia es estructural al calendario democrático. Entonces, ¿por qué convocar un proceso crítico en fase tan avanzada?
Existen tres hipótesis plausibles:
1.- Improvisación administrativa grave, que comprometería la confiabilidad del sistema.
2.- Subestimación técnica del alcance del servicio, lo que sería igualmente alarmante.
3.- Formalismo ex post, donde el proceso podría ser una “puesta en escena” para validar una decisión previamente tomada.
Hablemos claro, la tercera opción es la que más inquieta. Si alguien ya tiene asegurada la adjudicación y el procedimiento solo cumple con la formalidad documental, estaríamos ante un serio problema de transparencia.
Sin adelanto económico: ¿realismo o restricción dirigida?
En contratos de infraestructura tecnológica con despliegue inmediato, los adelantos financieros suelen facilitar logística, adquisición de equipos y contratación acelerada de personal. Eliminar el adelanto puede tener dos efectos:
– Desincentivar competidores reales.
– Favorecer a quien ya tenga infraestructura instalada o conocimiento previo del entorno.
Ambos escenarios reducen competencia efectiva.
Riesgo sistémico
El impacto no es administrativo: es democrático.
Un fallo en conectividad o soporte tecnológico durante el proceso electoral puede afectar transmisión de resultados, fiscalización, trazabilidad y confianza ciudadana.
El estándar exigible en materia electoral es máxima previsión, redundancia y robustez. No improvisación.
La pregunta central
¿Están garantizados los plazos?
¿Existe soporte tecnológico plenamente implementado y operativo al 100%?
¿O se está apostando a una ejecución exprés en un entorno de altísima criticidad?
América Sistemas ha revisado los antecedentes, el calendario y las condiciones contractuales. La conclusión preliminar es clara: el riesgo es real y tangible. No se trata de alarmismo. Se trata de control ciudadano. Cuando un proceso crítico se convoca tarde, con plazos estrechos, sin adelantos y con antecedentes recientes de movimientos sospechosos en el ecosistema electoral, la alerta es un deber.
Las elecciones son la base del sistema democrático. Su infraestructura no puede gestionarse “a mano alzada”. La pregunta del millón: ¿Conocerá el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Roberto Burneo Bermejo de estas maniobras subalternas o él está involucrado?
