La actuación de la ONPE y la lentitud de sus procesos electorales generan indignación y profundas interrogantes. Mientras Brasil logró divulgar resultados de alrededor de 130 millones de electores en pocas horas, en el Perú el conteo se prolonga durante semanas. Una diferencia que exige explicaciones claras, no silencios institucionales. Las sospechas ciudadanas, por graves que sean, deben investigarse con rigor y pruebas. La JNJ tiene la responsabilidad de evaluar las actuaciones correspondientes y garantizar que los funcionarios cuestionados sean examinados con independencia. La confianza pública está en juego: el país exige transparencia, responsabilidades y respuestas concretas. El tema da para varios enfoques.
