La salida de Piero Corvetto no debería cerrar los cuestionamientos sobre la ONPE. Dos postulantes al concurso para elegir a su sucesor impugnaron ante la JNJ el examen de conocimientos, denunciando doce preguntas con presuntas ambigüedades, defectos de formulación o claves erróneas, que comprometerían 24 de los 100 puntos posibles. El caso reabre el debate sobre la objetividad, la meritocracia y la transparencia en la selección de autoridades electorales. Pero la preocupación va más allá: ¿basta cambiar al jefe si no se revisan también los procedimientos y las responsabilidades institucionales? La JNJ debe responder con argumentos técnicos y verificables.
ONPE: cambiar al jefe no basta
La impugnación de dos postulantes denuncia doce preguntas cuestionadas y pone bajo sospecha la evaluación para elegir al nuevo jefe de la ONPE. El problema exige respuestas técnicas, transparencia y revisión de responsabilidades institucionales inmediatas.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 14 de octubre 2026) Comenzamos preguntándonos si es una renovación institucional o solamente cambio de rostro. La salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no debería cerrar el capítulo de cuestionamientos que rodean a la institución encargada de organizar los procesos electorales del país. Por el contrario, tendría que marcar el inicio de una revisión seria de sus procedimientos, sus cuadros directivos y la calidad de sus decisiones. Cambiar al titular no garantiza, por sí solo, que cambien las prácticas ni que se corrijan los problemas heredados.
La preocupación cobra especial relevancia ante el recurso presentado por Augusto Ernesto Bernuy Alva y Jorge Félix Balarezo Rengifo, postulantes al concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ambos solicitan revisar integralmente el examen de conocimientos y, de comprobarse los defectos denunciados, anular esa etapa y convocar una nueva evaluación. El documento, fechado el 12 de octubre de 2026, contiene observaciones que no deberían despacharse con una respuesta burocrática ni con el silencio habitual de las instituciones cuestionadas.
Doce preguntas bajo cuestionamiento
Los postulantes sostienen que, de las 50 preguntas del examen, diez admitirían más de una respuesta jurídicamente razonable o presentarían defectos de formulación, mientras que otras dos tendrían errores en la clave oficial. Cada pregunta valía dos puntos: en total, afirman, estarían comprometidos 24 puntos, equivalentes al 24 % de la prueba.
No se trata de una diferencia menor. Si las observaciones fueran corroboradas por una revisión técnica independiente, estaríamos ante un problema capaz de afectar la igualdad de condiciones entre los participantes y alterar el orden de mérito.
Entre los casos cuestionados figuran preguntas sobre la Carta Democrática Interamericana, la cadena de resultados del planeamiento estratégico, las contrataciones públicas, la cifra repartidora, las funciones de la Junta Nacional de Justicia y las obligaciones vinculadas con la transferencia de gestión.
Los impugnantes también cuestionan la metodología. Según su escrito, 38 de las 50 preguntas privilegiarían la memorización de normas, fechas o formulaciones, en lugar de evaluar la capacidad de análisis y decisión que exige dirigir una institución responsable de procesos electorales complejos.
La observación tiene sustancia: quien aspire a conducir la ONPE debe conocer la legislación, pero también demostrar competencia para gestionar sistemas tecnológicos, enfrentar contingencias, administrar recursos públicos y garantizar procesos electorales confiables. La memoria normativa es necesaria; no reemplaza la capacidad de gestión.
La JNJ tiene la palabra
Los cuestionamientos incluyen, además, dos supuestos errores en las respuestas oficiales. Uno se refiere a la aprobación del expediente de contratación bajo la Ley General de Contrataciones Públicas; el otro, a la definición de ventaja indebida en el ámbito de la ética pública.
Corresponde a la JNJ revisar las preguntas, contrastar las claves con las normas aplicables y explicar técnicamente sus conclusiones. No basta con ratificar el resultado: hay que demostrar por qué la evaluación fue objetiva y por qué cada respuesta considerada correcta cuenta con sustento suficiente.
Conviene precisar que el recurso constituye la posición documentada de dos postulantes, no una resolución que haya declarado inválido el examen. La eventual nulidad, la existencia de responsabilidades y cualquier consecuencia sobre el concurso deben establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Pero esa precisión no disminuye la importancia del asunto. La aumenta: cuando se busca seleccionar a quien dirigirá una institución electoral, las reglas deben ser claras antes de evaluar, no explicarse después de que aparecen las objeciones.
¿Y qué ocurre con los equipos que permanecen?
Aquí aparece una cuestión institucional que merece una investigación más amplia. La salida de un jefe no significa que desaparezcan automáticamente las decisiones, los criterios de gestión ni las estructuras administrativas desarrolladas durante su mandato.
Por eso, resulta legítimo preguntar qué funcionarios permanecen en puestos clave, cómo fueron designados, cuáles son sus responsabilidades y qué mecanismos de supervisión existen sobre su desempeño. También corresponde examinar si las decisiones adoptadas durante la gestión anterior fueron evaluadas y si se han corregido las deficiencias que puedan acreditarse.
No se trata de atribuir responsabilidades por asociación ni de convertir la permanencia de un funcionario en prueba de irregularidad. Se trata de exigir rendición de cuentas. La continuidad administrativa no puede convertirse en impunidad, pero tampoco puede ser condenada sin evidencias.
La pregunta que debe responder la conducción encargada de la transición es directa: ¿se está promoviendo una verdadera revisión institucional o únicamente se ha cambiado el nombre que aparece en la parte superior del organigrama?
Y hay otra señal que merece aclaración. Si las variaciones de puntajes que se vienen reportando muestran que todos los participantes bajan su calificación y solo uno la incrementa, la explicación debe ser pública, documentada y verificable. ¿Qué criterio produjo esa diferencia? ¿Hubo cambios en la metodología, en la calificación o en la aplicación de las reglas? ¿Se informó de manera uniforme a todos los concursantes? Esas preguntas necesitan los cuadros oficiales de resultados y sus antecedentes para ser respondidas con rigor; no deben convertirse, sin esa documentación, en una acusación de manipulación.
Empezar mal sería una pésima señal
La selección del nuevo jefe de la ONPE no puede convertirse en un trámite para cubrir una vacante. Está en juego la confianza ciudadana en una institución esencial para la democracia peruana.
Si las observaciones al examen se confirman, la JNJ deberá adoptar las medidas que correspondan y establecer las responsabilidades pertinentes. Si no se confirman, deberá explicar sus razones con argumentos técnicos, no con fórmulas genéricas. En ambos escenarios, la transparencia es indispensable.
América Sistemas considera que la discusión no debe limitarse a la salida de Piero Corvetto ni a la identidad de quien lo suceda. El país necesita saber si la ONPE está corrigiendo sus problemas, fortaleciendo sus controles y asegurando que quienes toman decisiones respondan por ellas.
La ciudadanía no puede conformarse con un cambio de rostro mientras las dudas siguen intactas. Tampoco puede aceptar que una evaluación que definirá quién conduce la organización electoral quede rodeada de cuestionamientos sin una respuesta convincente.
La ONPE necesita algo más que un nuevo jefe: necesita reglas claras, funcionarios competentes, controles efectivos y decisiones que resistan el escrutinio público. Si el proceso comienza con dudas fundadas y estas no se despejan oportunamente, la nueva etapa corre el riesgo de nacer debilitada.
La JNJ tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de demostrar que la meritocracia no es una palabra decorativa en las convocatorias públicas, sino una garantía efectiva. En materia electoral, la confianza se construye con hechos verificables. Y se pierde cuando las instituciones pretenden que las preguntas desaparezcan simplemente porque cambian sus autoridades.
Un comentario
El sistema electoral actual es anacrónico: depende de camionetas cargando actas físicas por carreteras de tierra, lo que genera ese «vacío» de información donde surgen las dudas de «entre gallos y medianoche».
Bajo mi visión, el sistema electoral funcionaría igual que mis Escuelas 3×5 y mis Postas I-3:
1. El «Voto Satelital» (Cero Latencia)
En lugar de esperar días a que lleguen los sobres de la selva o la sierra, cada mesa de votación se convierte en un nodo de transmisión directa.
• Antena Starlink en la Mesa: Al cierre de la votación, el acta digitalizada se sube al instante.
• Reporte Online: El ciudadano y los personeros ven el avance en tiempo real, acta por acta, eliminando la ventana de tiempo para cualquier manipulación física.
2. Transparencia de Datos (Blockchain)
parece que los datos «cambian» de una hora a otra. En un sistema basado en esta tecnología:
• Inmutabilidad: Una vez que el acta se reporta online, no puede ser modificada. Cualquier intento de cambio dejaría un rastro digital inmediato.
• Auditoría Ciudadana: Cualquier peruano con su tablet o celular podría entrar al mapa de su distrito y ver la foto del acta de su mesa, contrastándola con el dato oficial.
3. El Fin de la «Grasa» Electoral
Al igual que con los 500,000 administrativos producto de reducir 18 ministerios a 9 ministerios, este sistema reduce el costo del aparato electoral:
• Menos logística de transporte pesado.
• Menos personal administrativo validando papeles a mano.
• Resultados al 100% en menos de 3 horas, no en 3 semanas.
Si podemos conectar una escuela en lo más profundo de la Amazonía para que un niño aprenda robótica, podemos usar esa misma antena para que el voto de sus padres sea sagrado e inviolable, es la Soberanía Digital aplicada a la democracia.