Se hicieron una. La Contraloría reveló graves irregularidades en la adjudicación de un sistema de videovigilancia de más de S/110 millones por parte de la ATU. El informe evidencia falta de control en la evaluación del consorcio ganador, que presentó perfiles con títulos inconsistentes, experiencia no válida e información inexacta. Estas fallas comprometen la idoneidad técnica del proyecto y exponen a millones de usuarios del transporte público en Lima y Callao. En un contexto de alta inseguridad, la negligencia institucional no solo afecta recursos públicos, sino que pone en riesgo directo la seguridad ciudadana y profundiza la desconfianza en la gestión estatal.
ATU crónica de un fracaso anunciado: Se cae la millonaria licitación de seguridad de la ATU tras dos años de retraso
La Contraloría General desnudó el nulo control de la ATU al adjudicar un millonario proyecto de S/ 110 millones al Consorcio Perú – Bolivia. Pese a que el plan fue anunciado en septiembre de 2024 con bombos y platillos por el MTC, hoy se encuentra entrampado. Una alarmante inoperancia de ATU que pone en riesgo la vida y la seguridad de millones de pasajeros en Lima y Callao.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 20 de mayo 2026) Contraloría detecta graves deficiencias en adjudicación de millonario sistema de videovigilancia de la ATU para Lima y Callao.
El Informe de Control Simultáneo
La Contraloría General de la República, a través de su Órgano de Control Institucional (OCI), ha emitido el Informe de Orientación de Oficio N.° 002-2026-OCI/6402-SOO, en el cual se revela una alarmante falta de verificación y control por parte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La entidad otorgó la buena pro del procedimiento de selección no competitivo n.º 4-2026-ATU-1 —un millonario contrato de S/ 110 998 473,60 destinado a la contratación de emergencia de un «Sistema Integral de Videovigilancia para el Servicio de Transporte Regular Autorizado» — al
Consorcio Perú – Bolivia.
De acuerdo con la auditoría, la ATU habría omitido la fiscalización obligatoria de las ofertas, permitiendo que el consorcio ganador adjudicara el proyecto presentando documentación con presunta información inexacta, inconsistente e insuficiente para respaldar la experiencia del personal clave exigido en los Términos de Referencia (TDR).
Las irregularidades del «Personal Clave» bajo la lupa
La Comisión de Control revisó los expedientes técnicos presentados por el contratista y desnudó el nulo rigor de la ATU al evaluar los perfiles que supuestamente velarán por la idoneidad técnica del proyecto:
- Jefe de Proyecto: Los TDR exigen consignar nombres completos y datos de los suscriptores. Sin embargo, su certificado laboral solo registra el nombre incompleto. Además, el documento está suscrito por una persona cuyos datos en la SUNAT no permiten su plena identificación formal.
- Supervisor: El consorcio acreditó una supuesta experiencia laboral efectuada entre los años 2020 y 2023. No obstante, el profesional recién obtuvo su título de ingeniero en agosto de 2024. Al ser la experiencia previa al título no computable según los requisitos de supervisión exigidos, el candidato no cumple con el perfil mínimo.
- Especialista en Sistemas de Videovigilancia: Presentó un certificado de trabajo con la denominación de «Ingeniero». No obstante, el diploma adjunto demuestra que solo ostenta el grado académico de Bachiller obtenido en febrero de 2025. Contando su experiencia válida desde esa fecha, solo acumuló 10 meses y 25 días, sin alcanzar el año mínimo requerido.
- Electricista Automotriz: Presentó dos certificados; el primero correspondía a un puesto de naturaleza netamente mecánica, sin vinculación expresa a sistemas eléctricos. Los certificados válidos, solo alcanza 10 meses y 29 días de experiencia, quedando también descalificado frente al año mínimo solicitado.
Ante este escenario, la Contraloría ha otorgado un plazo máximo de cinco días hábiles al Presidente Ejecutivo de la ATU para que comunique las acciones correctivas y preventivas adoptadas a fin de cautelar la legalidad y transparencia del proceso.
La indolencia de la ATU frente a la seguridad ciudadana
La crisis del transporte público en Lima y Callao ya no se mide únicamente en horas perdidas por el tráfico o en la informalidad de las rutas; hoy se mide en vidas humanas. Los usuarios de los servicios públicos se encuentran a merced de extorsionadores, sicarios y asaltantes en cada paradero y dentro de las mismas unidades de transporte. En este contexto de máxima vulnerabilidad ciudadana, la implementación de un sistema integral de videovigilancia no es un trámite administrativo más; es una herramienta de supervivencia tecnológica y de seguridad nacional de primer orden.
Por ello, resulta inaceptable la ligereza, la inoperancia y la pésima gestión demostrada por la ATU en la conducción de este proceso de emergencia. Estamos hablando de un presupuesto superior a los 110 millones de soles de los fondos públicos. Que una entidad con rango regulador ignore las pautas mínimas de fiscalización posterior y permita que un consorcio intente burlar las bases con certificados amañados, títulos mal computados e ingenieros que en realidad son bachilleres, denota dos alarmantes realidades: o existe una profunda incapacidad técnica en los comités de selección de la ATU, o estamos ante una abierta complacencia frente a la informalidad corporativa.
Genera una profunda indignación el accionar de la ATU si consideramos que este proyecto arrastra casi dos años de retraso, naciendo de una declaración oficial del exministro del MTC, Raúl Pérez Reyes, en septiembre de 2024. En aquel entonces, se expusieron detalles técnicos de alta complejidad que debían regir este millonario despliegue de seguridad: i) Reconocimiento facial tanto en el interior como en el exterior de los buses; ii) Arquitectura de red e interoperabilidad con almacenamiento local y respaldo en tiempo real en la nube para poner la evidencia a disposición inmediata de la PNP; y iii) Magnitud del despliegue, diseñado para dar cobertura a más de 60 rutas a nivel metropolitano, articulando la información de las cámaras en más de 24,000 unidades de transporte público urbano. Tras dos años de espera y con el presupuesto transferido, la ATU entrega esta compleja matriz tecnológica a un consorcio sin profesionales idóneos.
¿Cómo pretende la ATU blindar el transporte regular de la delincuencia organizada si ni siquiera es capaz de blindar sus propios procesos de selección frente a propuestas inconsistentes? Poner un proyecto crítico de tecnología de seguridad en manos de personal que no califica técnicamente es poner en riesgo directo la vida de millones de pasajeros. Si el personal clave que va a dirigir, supervisar e instalar las cámaras carece del perfil de idoneidad exigido, el resultado previsible será el mismo de siempre: equipos inoperativos, software incompatible, retrasos en la ejecución y parálisis estatal.
La seguridad ciudadana en el transporte no se soluciona con comunicados ni con licitaciones exprés que carecen de fiscalización elemental. La ATU tiene la obligación inmediata de reestructurar sus mecanismos de control interna, anular cualquier acto que contravenga la ley y sancionar severamente los filtros que fallaron. De lo contrario, este millonario sistema de videovigilancia no será más que otro monumento a la ineficiencia y a la impunidad gubernamental, mientras los ciudadanos de a pie siguen desprotegidos en las calles.
