La adjudicación directa de un contrato por más de S/ 23 millones en PRONATEL a Valmer Systems genera serias alertas. Sin concurso público y bajo una urgencia no acreditada, el proceso habría favorecido a un proveedor sin habilitación vigente de Oracle, utilizando documentación vencida. La operación compromete la legalidad del contrato y expone riesgos técnicos en la Red Dorsal. El caso revela fallas graves en el control interno de la entidad y plantea la urgente intervención de la Contraloría y los órganos de supervisión para evitar perjuicios al Estado.
S/ 23 millones bajo sospecha: el ‘proveedor único’ que no lo era
Pronatel adjudicó más de S/ 23 millones a Valmer Systems sin concurso, bajo una cuestionada figura de proveedor único. Existen múltiples competidores autorizados, lo que expone serias irregularidades.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 13 de mayo 2026) Millones en medio del caos. En los tramos finales del actual gobierno —marcado por una inestabilidad evidente con hasta 15 directores ejecutivos en PRONATEL— se habría concretado una contratación directa por más de S/ 23 millones a favor de Valmer Systems, sin proceso competitivo alguno.
La justificación: una presunta situación de urgencia. Sin embargo, esta no ha sido debidamente acreditada, lo que ya enciende las primeras alertas sobre la legalidad del procedimiento.
En contextos de alta rotación y débil gobernanza, los mecanismos de control suelen diluirse. Y es precisamente allí donde decisiones de alto impacto económico pueden avanzar sin el debido escrutinio.
La figura clave: un “proveedor único” cuestionado
El aspecto más delicado del caso radica en el sustento utilizado para evitar un concurso público: la presunta condición de “proveedor único” atribuida a Valmer Systems.
En la normativa de contrataciones del Estado, esta figura solo aplica cuando no existe competencia real en el mercado, lo que debe ser técnica y documentalmente demostrado. No es una interpretación flexible: es una excepción estricta.
Sin embargo, en este caso, la realidad del mercado contradice esa premisa.
Existen múltiples empresas en el país que:
– Son partners autorizados vigentes de fabricantes globales como Oracle
– Cuentan con respaldo directo de marca
– Están plenamente habilitadas para brindar los mismos bienes y servicios
Esto plantea una interrogante crítica:
¿Cómo se sustentó la exclusividad de un proveedor cuando el mercado demuestra lo contrario?
Más aún, fuentes del sector advierten que Valmer Systems no contaría actualmente con la condición vigente de partner autorizado, lo que agrava el escenario si se utilizó documentación desactualizada para respaldar la contratación.
Equipamiento sin sustento exclusivo: una causal en riesgo
El problema no es solo procedimental. Es también técnico y patrimonial.
Parte del proceso involucraría la adquisición de equipamiento bajo el argumento de exclusividad. Pero si dicha exclusividad no existe, la causal que permitió la compra directa pierde validez.
Esto abre tres riesgos concretos:
– Nulidad del contrato, por uso indebido de causal de excepción
– Direccionamiento del proceso, al construir un escenario artificial de proveedor único
– Perjuicio al Estado, al limitar competencia que pudo mejorar condiciones técnicas y económicas
En términos simples: no solo se evitó la competencia, sino que se habría justificado esa omisión con un argumento que no se sostiene en el mercado.
Silencios que comprometen: ¿dónde están los controles?
El caso no puede analizarse sin mirar a las entidades responsables de supervisar este tipo de decisiones.
Surgen preguntas inevitables:
– ¿Dónde estuvo el Órgano de Control Institucional (OCI) de PRONATEL?
– ¿Se validó técnicamente la condición de proveedor único?
– ¿La Contraloría General de la República ha revisado este proceso?
– ¿Quién asumirá responsabilidad si se confirma la irregularidad?
En un contexto donde el gobierno está por concluir, este tipo de decisiones adquiere mayor gravedad: comprometen recursos públicos en procesos que podrían ser observados o incluso anulados posteriormente.
Más que una denuncia: un caso que exige acción
Lo ocurrido no puede quedar en el terreno de la sospecha o la denuncia mediática.
Estamos ante un caso que presenta:
– Indicios de uso indebido de mecanismos de excepción
– Posible distorsión del mercado
– Y un potencial daño económico y técnico al Estado
La magnitud del contrato y la debilidad del sustento obligan a una intervención inmediata de los órganos de control.
Porque cuando un proceso de S/ 23 millones se sostiene en una exclusividad que el mercado desmiente, ya no se trata de un error administrativo. Se trata de un problema mayor.
