El sistema de adquisiciones tecnológicas estatales atraviesa un momento crítico. La compra corporativa obligatoria, la suspensión temporal del ingreso de nuevos productos y la vigencia limitada del Acuerdo Marco han reducido la competitividad y flexibilidad del mercado. Proveedores y ensambladores enfrentan restricciones que afectan su capacidad operativa y comercial. A ello se suma la falta de respuesta del funcionario Ernesto Carrera Salas, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que agrava la desconexión entre el Estado y el sector, debilitando la gestión pública y generando incertidumbre en la industria tecnológica nacional.
Compras públicas en jaque: rigidez normativa y silencio institucional golpean a la industria tecnológica
Nuevas reglas en compras estatales y la falta de diálogo desde la Secretaría de Transformación Digital generan tensión en el sector tecnológico, afectando proveedores, ensambladores y la dinámica del mercado.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 15 de abril 2026) Un mercado bajo presión regulatoria. El ecosistema de proveedores tecnológicos en el Perú atraviesa un momento particularmente complejo. Según el análisis del documento técnico recibido en nuestra redacción, el sistema de adquisiciones gestionado por Perú Compras enfrenta una combinación de medidas que han reducido drásticamente la flexibilidad operativa del mercado.
Tres factores convergen: la implementación de la compra corporativa obligatoria para computadoras y consumibles, la suspensión temporal del ingreso de nuevas fichas-producto en el catálogo EXT-CE-2022-5, y la vigencia acotada del Acuerdo Marco hasta julio de 2026.
Este esquema configura un entorno altamente restrictivo, donde tanto entidades públicas como proveedores deben operar con márgenes mínimos de maniobra.
Restricciones que paralizan la competencia
Uno de los puntos más críticos es la suspensión —entre febrero y abril de 2026— de procesos clave: no se pueden registrar nuevos productos, ni aprobar fichas pendientes, ni activar ofertas no adjudicadas.
En términos prácticos, esto implica una paralización parcial del dinamismo competitivo. Los ensambladores locales y representantes de marca no pueden ampliar portafolios ni corregir procesos en curso, quedando atrapados en una estructura cerrada.
El resultado es una distorsión del mercado: menos competencia, menor innovación y una presión directa sobre los actores más pequeños del sector, particularmente la industria nacional de ensamblaje de computadoras.
Compra corporativa obligatoria: eficiencia vs. exclusión
La compra corporativa obligatoria, planteada como un mecanismo de eficiencia, introduce un riesgo operativo significativo. Las entidades públicas deben registrar sus requerimientos en plazos estrictos; de lo contrario, quedan fuera del proceso.
Este modelo, si bien ordena la demanda, también concentra decisiones y reduce la capacidad de reacción frente a necesidades emergentes. Para los proveedores, implica anticipación extrema y dependencia de cronogramas rígidos, lo que puede traducirse en pérdida de oportunidades comerciales.
Un horizonte corto y altamente regulado
El Acuerdo Marco EXT-CE-2022-5 tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2026.
Esto delimita un horizonte operativo corto, donde cualquier retraso o restricción —como la suspensión temporal vigente— tiene efectos acumulativos sobre todo el sistema.
Desde una perspectiva de mercado, se trata de una “ventana comprimida”: alta regulación, plazos estrictos y limitada capacidad de adaptación.
El factor político: ausencia de interlocución
A la complejidad técnica se suma un elemento institucional que agrava la situación: la falta de diálogo entre el Estado y el sector.
Diversos actores del rubro, incluido este medio de comunicación han intentado establecer comunicación con Ernesto Carrera Salas, quien actualmente ocupa posiciones clave como CIO del Estado y funcionario de la Secretaría de Transformación Digital dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sin embargo, según se reporta, no han obtenido respuesta a reiterados intentos formales. Este silencio contrasta con gestiones anteriores, donde sí existía apertura al diálogo con el sector.
En un contexto donde las decisiones regulatorias impactan directamente en la sostenibilidad de una industria, la ausencia de canales de comunicación no solo genera malestar, sino que debilita la gobernanza del sistema.
Más que normativa: un problema de gestión pública
El problema ya no es únicamente normativo. Es también de gestión pública.
Un sistema de compras altamente estructurado requiere, como contrapeso, una interlocución activa con el mercado. Sin ese componente, las reglas —por más técnicamente justificadas que sean— pueden terminar asfixiando a los actores que buscan ordenar.
La industria de ensamblaje, en particular, enfrenta hoy un escenario donde la planificación es obligatoria, pero la adaptación es casi imposible.
Conclusión
El caso evidencia una tensión estructural: la búsqueda de eficiencia estatal frente a la necesidad de dinamismo del mercado. Cuando a ello se suma la falta de diálogo institucional, el resultado es un sistema rígido, desconectado y potencialmente excluyente.
El desenlace dependerá no solo de ajustes normativos, sino de la capacidad del Estado para retomar un principio básico: escuchar, pero el mencionado funcionario, no le entran balas. Así estamos.
