En medio de una crisis que mata más que muchas enfermedades, Perú enfrenta un aumento del 12% anual en muertes por delincuencia y siniestros viales, de 2.591 en 2017 a 5.809 proyectados en 2026. La inseguridad vial causa el 70% de estos fallecidos, con un costo social de S/16.312 millones en 2025. La propuesta del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial (SISCV) une esfuerzos de PNP, gobiernos locales y entidades de transporte bajo una gobernanza unificada. Incluye reformas al SINASEC, centros de monitoreo con IA, rediseño urbano y sanciones estandarizadas para calles seguras y ordenadas.
¡Basta de Muertes Inútiles! Perú Propone SISCV para Combatir la Crisis Integral de Inseguridad
La Inseguridad Ciudadana y Vial causan más muertes que muchas enfermedades en el Perú. Se propone la creación del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial (SISCV), para redefinir el concepto de «inseguridad» para trascender el enfoque exclusivamente delictivo, integrando la Siniestralidad Vial como una amenaza directa a la salud pública y la integridad ciudadana.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 11 de marzo 2026) El Perú vive una tragedia silenciosa e ignorada que el Estado aún no enfrenta con la seriedad que exige. Cada día, ciudadanos mueren en las calles no solo por la delincuencia, sino también por el caos del transporte y la siniestralidad vial. Dos fenómenos que el aparato público sigue tratando como problemas separados cuando, en realidad, forman parte de una misma crisis de seguridad.
Creación del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial (SISCV).
Esta propuesta redefine el concepto de «inseguridad» para trascender del enfoque exclusivamente delictivo, integrando la Siniestralidad Vial como una amenaza directa a la salud pública y la seguridad. El SISCV articulará las competencias de la PNP, Gobiernos Regionales y Locales, y entidades de control de transporte (PROMOVILIDAD, SUTRAN, ATU) bajo una gobernanza unificada basada en Inteligencia Territorial y Prevención Multi-amenaza.
La seguridad pública no se divide en leyes de tránsito y de crimen. Seguridad es que los ciudadanos puedan salir a la calle con la certeza de regresar sanos y salvos. La meta es calle ordenadas, vigiladas y seguras, donde la ley se cumpla, tanto al volante como en la vereda.
No podemos combatir la inseguridad del siglo XXI de manera fraccionada y con herramientas del siglo pasado. La estrategia de seguridad ciudadana y vial no es una opción técnica, es una obligación moral; cada día de desorden es un día de ventaja para el crimen y la tragedia.
El resultado de esta visión fragmentada es devastador: más muertes, más recursos públicos desperdiciados y una ciudadanía cada vez más expuesta a un espacio público donde la ley parece haber perdido autoridad. Esto no es verbo, es una realidad.
Un análisis estratégico elaborado por la consultora COLABORACCION plantea una verdad incómoda: el Perú no enfrenta dos problemas distintos —inseguridad ciudadana e inseguridad vial— sino una sola crisis estructural que exige una respuesta integral del Estado.
Una crisis que mata cada vez más
Las cifras son contundentes, entre 2017 y 2026 (proyectado), las muertes asociadas a inseguridad ciudadana y siniestros viales pasaron de 2,591 a 5,809 fallecidos, aumento de 3,218 personas en apenas 10 años, a una tasa de crecimiento de 12% anual.
Pero hay más datos reveladores, según del Sistema Informático SINADEF:
- La inseguridad vial provoca más muertes que la criminalidad, de cada 10 fallecidos por inseguridad 7 son por Inseguridad vial y 3 por Inseguridad Ciudadana. En otras palabras, el Perú enfrenta simultáneamente dos amenazas que avanzan en paralelo y que el Estado continúa gestionando en compartimentos aislados.
- El 80% de total de fallecidos por Inseguridad ciudadana y vial se concentra en Lima Metropolitana (46.26%), La Libertad (6.39%), Puno (5.13%), Lima (4.48%), Piura (3.95%), Callao (3.31%), Arequipa (3.15%), Cusco (2.98%) y Junín (2.81%).
Costo social asociada a fallecidos:
Considerando el Valor de la Vida Estadística (VVE), fijado en S/ 3.10 millones por OSINERGMIN (2020), la tragedia humana en el Perú tiene un correlato económico devastador que el Estado ya no puede ignorar. En 2025, el costo social combinado de la inseguridad ciudadana y vial superó los S/ 16,312 millones, tras un incremento crítico de S/ 8,032 millones desde 2017. Esta cifra, que supera los presupuestos anuales de sectores estratégicos, no es solo una métrica técnica; es la cuantificación del fracaso estatal en su deber primordial de proteger la vida.
El costo social entre 2017 y 2025, tiene una dimensión económica gigantesca, en Inseguridad Ciudadana se incrementó de S/ 2,101 a S/ 6,959 millones, mientras que en Inseguridad Vial de S/ 5,930 a S/ 9,352 millones. Cada sol representa una inversión fallida y una pérdida irreparable. Son miles de millones perdidos en atención médica, productividad, infraestructura y vidas. Es más que una estadística: es la evidencia del fracaso del Estado en su función más básica, proteger la vida de sus ciudadanos.
Cada accidente mortal o cada homicidio no solo representa una tragedia familiar, sino también una pérdida económica equivalente a millones de soles. La creación del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial es una respuesta lógica para frenar la cantidad de recursos y vidas que se pierden.
Propuesta de Acciones
- Reforma del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC): Normar la inclusión obligatoria de indicadores de seguridad vial dentro de los planes regionales y locales de seguridad (CORESEC, COPROSEC, CODISEC). El éxito de un alcalde en seguridad debe medirse por la reducción de muertes violentas.
- Implementación de Centros Integrados de Control (IA): Crear Centros de Monitoreo que integren el control delictivo con la gestión del tráfico. Utilizar cámaras con analítica de video en Interesecciones viales con reconocimiento de placas (LPR) que alimenten simultáneamente las bases de datos de la PNP y de las municipalidades para fiscalización y detección de actividad sospechosa.
- Ley de Sostenibilidad de Infraestructura de Seguridad: Normar que todo proyecto de inversión en seguridad vial o ciudadana incluya un componente de OPEX por 5 años, asegurando que los centros de monitoreo y equipos de fiscalización no queden inoperativos por falta de presupuesto para mantenimiento.
- Rediseño Urbano para la Seguridad: Aplicar los criterios de Prevención del Delito Mediante el Diseño Urbano, Iluminación inteligente, visibilidad y ordenamiento del tráfico para reducir accidentes y eliminan las zonas de confort de la delincuencia.
- Unificación del Marco Normativo de Sanciones: Estandarizar a nivel nacional el uso de la notificación electrónica para el proceso de fiscalización y sanciones por infracciones de tránsito graves, eliminando discrecionalidad local y asegurando que la recaudación se reinvierta directamente en el sistema de Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial.
Reflexiones
- La seguridad pública no se divide en leyes de tránsito y leyes de crimen. Seguridad es que tú y tu familia puedan salir a la calle con la certeza de que regresarán a casa sanos y salvos. La meta debe ser una calle ordenada, vigilada y segura: donde la ley se cumpla, tanto al volante como en la vereda.
- No podemos seguir combatiendo la inseguridad del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Este Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana y Vial no solo une cámaras de video y datos, une la voluntad del Estado para proteger la vida. Integrar la seguridad ciudadana y vial no es una opción técnica, es una obligación moral; cada día de desorden es un día de ventaja para el crimen y la tragedia.
