Una investigación periodística revela presuntas irregularidades en cuatro procesos convocados por el Gobierno Regional de Lima para adquirir pantallas interactivas destinadas a colegios públicos por más de S/81 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. El análisis de los documentos detecta bases sin especificaciones técnicas, uso cuestionado de la figura IOARR, cotizaciones similares entre empresas y posibles sobreprecios que duplicarían el valor real de los equipos. Además, los procesos de supervisión carecen de criterios claros para verificar la ejecución del proyecto. Ante estos hallazgos, se solicita la intervención de la Contraloría, el Ministerio Público y otras entidades de control para determinar responsabilidades.
Pantallazo millonario: denuncian presunto negociado de más de S/81 millones en el Gobierno Regional de Lima
Procesos de OxI para comprar pantallas escolares presentan sobreprecios, bases sin especificaciones técnicas y posible direccionamiento empresarial, sólidos argumentos y evidencias técnicas y legales encontramos; se exige intervención urgente de Contraloría, Fiscalía, Pro inversión y el Ministerio de Economía.
(americasistemas.pe. Lima, Perú – 11 de marzo 2026) Un nuevo escándalo amenaza con sacudir al Gobierno Regional de Lima, dirigido por la condenada por corrupción Gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado. Documentos técnicos revisados revelan serias irregularidades en cuatro procesos de selección convocados durante enero de 2026 para la adquisición de equipamiento tecnológico destinado a las aulas de innovación pedagógica de cientos de colegios públicos, tanto de primaria como secundaria.
El monto comprometido supera los S/81 millones, recursos que serían ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar la compra e instalación de pantallas interactivas y otros equipos en instituciones educativas de nivel primario y secundario.
Sin embargo, el análisis de las bases, anexos y estudios de mercado del proceso revela una serie de inconsistencias que, según especialistas, podrían configurar un direccionamiento del proceso, sobrevaloración de equipos y vulneración de normas del sistema nacional de inversiones públicas.
Procesos millonarios para más de 700 colegios
Los proyectos cuestionados contemplan la adquisición de equipamiento tecnológico para 477 colegios de primaria y 224 colegios de secundaria distribuidos en las nueve UGEL de la región Lima.
Los procesos convocados incluyen:
– Ejecución para primaria: S/55 283 500
– Supervisión para primaria: S/160 000
– Ejecución para secundaria: S/26 060 000
– Supervisión para secundaria: S/160 000
En total, el paquete supera los S/81 millones de inversión pública.
A primera vista, el proyecto podría parecer una inversión necesaria para modernizar la educación. Pero la revisión técnica revela una situación muy distinta.
Bases sin especificaciones: un proceso a ciegas
Uno de los hallazgos más graves detectados es que las bases del proceso no incluían términos de referencia ni especificaciones técnicas claras de los equipos a comprar.
Entre los elementos que inexplicablemente no fueron definidos figuran:
– Tipo de pantallas o equipos a adquirir
– Características técnicas mínimas
– Cantidades por institución educativa
– Estándares de calidad
– Criterios de verificación o funcionamiento
En términos prácticos, esto significa que las empresas podían presentar ofertas sin parámetros técnicos comparables, lo que vulnera los principios básicos de transparencia y libre competencia en la contratación pública. Para especialistas en contratación estatal bajo la modalidad de Obras por Impuestos, una omisión de esta magnitud puede facilitar el direccionamiento del proceso hacia determinados proveedores. Al detectarse esta irregularidad, la Entidad debió haber anulado de oficio el procedimiento y volver a convocar. En vez de eso, continúo con el proceso como si nada hubiera pasado.
El uso irregular de la figura IOARR
Otro punto crítico es el mecanismo utilizado para justificar la inversión. Según los documentos, el Gobierno Regional utilizó la figura de IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación). Sin embargo, especialistas advierten que este mecanismo solo aplica para intervenciones puntuales sobre infraestructura y/o servicios existentes, no para proyectos de gran escala como la implementación tecnológica de cientos de colegios.
La compra de equipamiento para más de 700 instituciones educativas debió formularse como un proyecto de inversión pública completo, con perfil, expediente técnico y evaluación integral. El uso de IOARR, según el informe analizado, habría permitido acelerar el proceso evitando controles técnicos más rigurosos y acordes a la normativa vigente.
Cotizaciones sospechosamente idénticas
El análisis del estudio de mercado revela otro indicio preocupante. Las cotizaciones presentadas por las empresas proveedoras son prácticamente idénticas, repitiendo incluso errores ortográficos y estructura de redacción.
Esto ha levantado sospechas sobre una posible coordinación previa entre los proveedores o incluso la elaboración conjunta de los documentos.
Además:
– No se presentaron datasheets técnicos que validen las características de los equipos
– No se especificaron componentes clave como UPS o estabilizadores
– No se detalló el transporte ni la logística de entrega de los equipos a los colegios.
– Sólo se consideraron unas marcas en particular, tanto para pantallas como impresoras, obviando la participación de diversas marcas y modelos de reconocido prestigio y garantía en el mercado, limitando la concurrencia de postores y afectando en ese sentido la transparencia que es punto clave en cualquier contratación del Estado.
Pantallas con precios inflados
Quizá el punto más escandaloso del caso sea el precio de los equipos.
Los documentos muestran que pantallas interactivas similares pueden encontrarse en el mercado internacional por alrededor de 600 dólares, precio al que se tuvo acceso. Sin embargo, en el estudio de mercado del proyecto el precio unitario de estos equipos supera los S/42 000, más del doble de adquisiciones similares realizadas previamente por la propia entidad en un plazo aproximado de doce meses de antigüedad.
En un proceso de compra anterior realizado a fines del 2024, el mismo gobierno regional adquirió pantallas similares técnicamente por aproximadamente S/21 410 por unidad.
Las preguntas inevitables son: ¿Cómo puede duplicarse el precio de un equipo tecnológico en solo un año? ¿Por qué la Entidad lo permite? ¿Acaso no sabía la Entidad y los funcionarios responsable que por Ley debieron haber obtenido valores de otras marcas y modelos similares que permitan cumplir con el requerimiento, y a la vez custodiar el dinero de todos los peruanos?
Consorcio favorecido
La investigación también advierte que solo un consorcio habría participado en ambos procesos para primaria y secundaria, integrado por las empresas Comercial Denia S.A.C. y Compured S.A.C.
Según el análisis del expediente, el comité especial habría modificado sin argumento técnico o legal formatos y requisitos establecidos y de uso obligatorio por el Ministerio de Economía para permitir su participación; a pesar de los cuestionamientos sobre el consorcio y su imposibilidad de cumplir con los requisitos sobre su capacidad patrimonial.
Esto podría configurar un direccionamiento deliberado del proceso de selección, que en el código penal aplica a los delitos de colusión y negociación incompatible.
Supervisión sin objeto claro
Incluso los procesos de supervisión presentan irregularidades.
Los contratos de supervisión —cada uno por S/160 000— no especifican qué bienes deben supervisarse ni bajo qué criterios técnicos se evaluará su instalación y funcionamiento. En la práctica, esto significa que la supervisión no tendría parámetros objetivos para fiscalizar el proyecto.
Un escándalo que exige investigación
Ante estas irregularidades, el informe solicita la intervención inmediata de:
la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía, ProInversión, el Ministerio Público.
También se plantea la suspensión y nulidad de los procesos de selección, así como la reformulación del proyecto bajo los parámetros establecidos por el sistema nacional de inversiones.
El costo para el país
Más allá de las responsabilidades administrativas o penales que puedan determinarse, el caso expone un problema mayor: la vulnerabilidad de los procesos públicos destinados a mejorar la educación.
En una región donde la pobreza multidimensional supera el 30 %, los recursos destinados a tecnología educativa deberían representar una oportunidad para cerrar brechas. Pero si las denuncias se confirman, este proyecto podría convertirse en otro ejemplo de cómo la corrupción termina robándole el futuro a miles de estudiantes.
Dato que no puede pasarse por alto: Es conocido que la actual gobernadora de Lima, Rosa Vásquez ha sido sentenciada por nueve años y cinco meses por corrupción por un juzgado penal colegiado de Lima; y extrañamente se mantiene en el cargo como Gobernadora a pesar de la sentencia.
