¡Escándalo en Áncash! Millones de soles públicos volatilizados en un «proyecto de banda ancha» que deja escuelas, postas y comisarías con menos de 1 Mbps efectivo: ¡conexiones de cibercaf decimonónico para el siglo XXI! El Estado banca el 100% de CAPEX, OPEX por 10 años y tarifas de Mbps más caras que el oro, mientras contratos confidenciales –léase secretos– ocultan la fiesta de la contratista YOFC. 87% ejecutado y cero conectividad real: ¿desarrollo social o negocio redondo para unos pocos? ¡Paradójico! Prometen cerrar brechas digitales, pero entregan WiFi saturado y obsoleto, replicado en 21 regiones. ¿Renegociar o seguir pagando por migajas? Proyecto que humilla a Pronatel.
Una política conectividad digital atrapada en contratos asimétricos: lecciones del proyecto regional de banda ancha en la Región Áncash
La narrativa oficial de los proyectos regionales de banda ancha promete “conectividad integral y desarrollo social”, pero en la práctica el diseño técnico y contractual asegura menos de 1 Mbps efectivo para escuelas, postas médicas y comisarías, con tarifas por Mbps, esquemas de OPEX de 10años y reinversiones propias de mercados de alta capacidad, generando una asimetría estructural entre el discurso de cierre de brechas y el servicio efectivamente entregado.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 10 de diciembre 2025) El proyecto CUI 2273538, “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la Región Áncash”, nace como parte del paquete de 21 proyectos regionales financiados con recursos públicos desde FITEL/PRONATEL, con más de 300 millones de soles en CAPEX y un diseño que combina una red de transporte de fibra óptica y una red de acceso inalámbrico en banda no licenciada. En otras palabras, el Estado financia íntegramente la columna vertebral de fibra óptica y buena parte de la infraestructura de acceso, pero el último tramo que llega al Centro Educativo, Posta Médica o Comisaría se usa tecnologías de bajo costo y alta congestión, típicamente pensadas como solución de último recurso y no como estándar para servicios críticos.
Esta decisión técnica condiciona desde el inicio la calidad del servicio: un enlace inalámbrico por Local expuesto a interferencias, ausencia de garantías robustas de latencia y seguridad informática, y un margen mínimo para escalar capacidades ante el crecimiento de la demanda digital. La narrativa oficial de “internet e intranet para 817 instituciones y 481 centros poblados” contrasta con una arquitectura que trata a la escuela rural del siglo XXI como si fuera un cibercafé de hace dos décadas.
Anchos de banda de ayer para retos del mañana
El expediente del proyecto en Áncash establece, para instituciones educativas, de salud y seguridad, conexiones de 2 Mbps con un 40% de garantía, es decir, 0,8 Mbps efectivos en el mejor de los casos. Para hogares, el perfil “básico” es de 640 Kbps con 256 Kbps efectivos, un ancho de banda incompatible con cualquier política seria de inclusión digital, educación híbrida o gobierno electrónico.
Mientras tanto, lineamientos recientes de conectividad escolar en la región, como los del Ministerio de Educación de Colombia, plantean pisos de 40 Mbps simétricos por institución, y organismos como la UNESCO y la Comisión de Banda Ancha subrayan la necesidad de capacidades crecientes para soportar contenidos audiovisuales, plataformas en la nube y servicios de telemedicina. Frente a esos estándares, el diseño regional peruano luce obsoleto desde su concepción: una red formulada en 2015, pero que recién entraría en operación masiva hacia 2026, llega tecnológicamente vieja a su punto de partida.
El negocio del acceso a Internet por Mbps más caro del mundo y del OPEX rígido
La asimetría no se limita al plano técnico; se consolida en la estructura económica del proyecto y contrato. En el proyecto regional de Áncash, el modelo prevé que el Estado financie el 100% de la inversión inicial (CAPEX), cubra 10 años de operación y mantenimiento (OPEX), reinversión a cinco años y, además, se pague una tarifa recurrente por capacidad que supera largamente los precios de mercado para enlaces de transporte. El propio documento técnico señala que la tarifa de 1 Mbps puro en la red de transporte se fijó en 26 dólares sin impuestos, nivel elevado frente a referencias internacionales, sobre todo si se considera la escala y la naturaleza pública de la red.
A ello se suma un esquema de OPEX y mantenimiento que bordea los 290 millones de soles en el horizonte de 10 años, estructurado con tarifas rígidas para instituciones públicas que deben pagar cerca de 100 soles mensuales por menos de 1 Mbps efectivo, una carga difícilmente sostenible para escuelas, postas y comisarías con presupuestos limitados. En la práctica, el Estado compra caro una capacidad que no se condice con los objetivos de cierre de brechas, y una vez más se corre el riesgo de tener redes subutilizadas porque los usuarios institucionales no pueden pagar por un servicio de tan baja calidad.
Confidencialidad aceptada por PRONATEL, caja negra y riesgo de captura contractual
Un elemento clave en la asimetría contractual es la confidencialidad declarada sobre los flujos de caja operativos y la estructura detallada de costos presentada por la empresa YOFC Perú S.A.C. para los proyectos de Áncash, La Libertad, Arequipa y San Martín. Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva 092-2020-MTC/24, PRONATEL reconoce como “información confidencial” la estructura financiera de la red de transporte y acceso, argumentando protección de secreto comercial y reserva tributaria, y ordena su custodia restringida dentro de la entidad.
Si bien la protección del secreto empresarial no es ilegítima en sí misma, su extensión a proyectos íntegramente financiados con recursos públicos, cuyo impacto en políticas de educación, salud y seguridad es crítico, introduce una zona gris ética: una caja negra donde los contribuyentes no pueden evaluar la razonabilidad de los márgenes, las tasas de retorno ni la proporcionalidad entre riesgo asumido por el privado y esfuerzo fiscal del Estado. La literatura anticorrupción ha advertido que esquemas de confidencialidad amplios en contratos público-privados pueden convertirse en un vector de captura contractual, favoreciendo renegociaciones opacas, adendas sucesivas y, en el extremo, prácticas de corrupción difíciles de rastrear.
Un patrón que se repite en las regiones
El caso de la Región Áncash no es único; forma parte de una lógica replicada en los demás proyectos regionales de banda ancha bajo la misma figura de contratos de financiamiento no reembolsable, con similar arquitectura técnica y acuerdos de confidencialidad. En casi todos se observa la misma combinación: promesa de “conectividad integral y desarrollo social”, anchos de banda marginales para instituciones críticas, dependencia de enlaces inalámbricos en bandas saturadas, y una estructura de pagos donde el Estado absorbe todo el riesgo de inversión, operación, reinversiones y tarifas costosas.
Lo paradójico es que, en el discurso oficial, estos proyectos se presentan como pilares para la educación digital, la telesalud y la seguridad ciudadana, mientras sus parámetros técnicos hacen prácticamente imposible desplegar, por ejemplo, sistemas de videovigilancia inteligentes, historias clínicas electrónicas con acceso remoto o plataformas de aprendizaje en tiempo real. La brecha no es solo digital; es narrativa: se vende “banda ancha con conectividad integral y desarrollo social” cuando, en la práctica, se entrega una conectividad de baja capacidad, no escalable y tarifas costosas.
¿Qué debería cambiar? renegociación contractual de los contratos regionales
Desde una perspectiva tecnológica, la primera corrección ineludible es llevar la fibra hasta los mismos locales (FTTx) en Centros Educativos, Postas Médicas y Comisarías, reservando los enlaces inalámbricos para casos excepcionales donde no exista otra alternativa. Eso implica redefinir los parámetros mínimos a velocidades del orden de 40 Mbps simétricos por cada entidad, con capacidad de crecimiento de acuerdo con el crecimiento del uso de plataformas educativas, historias clínicas electrónicas y sistemas de videovigilancia.
En el plano contractual, el país necesita una estrategia explícita de renegociación: revisión integral de los contratos vigentes, actualización de escalas tarifarias por Mbps según la caída internacional de costos de capacidad, e incorporación de cláusulas de upgrade tecnológico obligatorias, vinculadas a metas de servicio y no solo a plazos de obra. Sin estos ajustes, el riesgo es entrar en una espiral de adendas donde el Estado pague varias veces por la misma red: primero para construirla con parámetros obsoletos y, luego, para “modernizarla” sin cuestionar el diseño original.
Transparencia como requisito de política digital
La tercera palanca es institucional: la confidencialidad no puede ser la regla para proyectos que se financian al 100% con recursos públicos y que definen el piso de derechos digitales de millones de ciudadanos. Es indispensable abrir la caja negra de los flujos de caja, márgenes y supuestos de demanda, de modo que regulador, MEF, gobiernos regionales, academia y ciudadanía puedan auditar si el país está pagando un precio razonable por cada Mbps que llega –o no llega– al aula, la posta o la comisaría.
En un escenario donde PRONATEL reporta ejecuciones récord y avances físicos por encima del 80%, como en Áncash, la verdadera métrica de éxito no es el kilómetro de fibra tendido ni el porcentaje de CAPEX devengado, sino el número de usuarios estudiantes que pueden conectarse simultáneamente a una clase en línea, el número de teleconsultas que se realizan sin cortes y la cantidad de cámaras que transmiten video útil para prevenir delitos. El problema no es la falta de presupuesto ni cumplimiento de los compromisos del estiado, sino la asimetría de contratos que, bajo la etiqueta de “banda ancha”, institucionalizan la entrega de un servicio de limitado ancho de banda a precio de banda ultra ancha.
