La semana pasada se conoció que OSCE inhabilitó a Telefónica para participar en nuevos proyectos del estado por tres años. Si bien la sanción no afecta a los contratos ya suscritos con diferentes entidades estatales, sí estaría impedida de participar en nuevos proyectos. La operadora respondió de inmediato: “Telefónica cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el ministerio de trabajo y con todas las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con dicha institución. El servicio brindado no produjo ningún perjuicio para el estado peruano. El monto contratado con esta institución fue de cien mil soles, nuestro camino es el Poder Judicial”.
Telefónica anuncia su decisión de recurrir al Poder Judicial tras ser inhabilitada por el OSCE
En un giro sorprendente en el panorama empresarial peruano, Telefónica del Perú ha anunciado su intención de llevar su caso ante el Poder Judicial, luego de ser inhabilitada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por un período de 36 meses.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 27 de setiembre 2023) La sanción emitida por el OSCE, que se hizo pública el pasado 20 de septiembre, ha dejado perplejos a muchos, ya que se basa en acusaciones de presentación de información inexacta y documentos falsos o adulterados a diversas entidades gubernamentales, incluyendo el Tribunal de Contrataciones del Estado, el Registro Nacional de Proveedores (RNP), el propio OSCE y la Central de Compras Públicas–Perú Compras.
La decisión se fundamenta en un certificado de Bachiller de Ingeniero Electrónico que, según las autoridades, fue emitido falsamente por una universidad que confirmó que el colaborador de Telefónica en cuestión no había cursado dicha carrera en la institución educativa.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Telefónica se enfrenta a una sanción del OSCE. Según la página web de la entidad, la empresa de telecomunicaciones acumula otras dos sanciones en los últimos cuatro años. En junio de 2019, fue inhabilitada por seis meses debido a dos casos distintos.
En el primer caso, el OSCE determinó que Telefónica había incumplido un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) relacionado con el acondicionamiento de una central de datos en la sede central de Jirón Lampa.
El segundo caso, más grave aún, involucra alegaciones de «información inexacta» presentada por Telefónica para obtener un pago por un servicio brindado al Despacho Presidencial. Según la resolución del OSCE, estas acusaciones han llevado a una investigación preparatoria por presunto delito de colusión en la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima desde 2017.
Telefónica había otorgado nueve certificados por dos capacitaciones de ocho horas realizadas el 15 de diciembre a funcionarios del Despacho Presidencial como parte de un sistema de videovigilancia. Sin embargo, el OSCE concluyó que «la información contenida en tales documentos no coincide con la realidad».
En respuesta a esta última sanción, Telefónica ha anunciado su intención de impugnarla ante el Poder Judicial, afirmando que el servicio que brindaron no causó daño alguno al Estado. La empresa espera que la revisión legal arroje luz sobre el caso y permita aclarar las acusaciones en su contra. El futuro de Telefónica en el sector de las contrataciones estatales ahora queda en manos de la justicia.
