El Proyecto SDP N° PE-PRONATEL-366200-GO-RFP, destinado a la implementación del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE) 911, enfrenta serios obstáculos que ponen en duda su culminación. Los funcionarios Marco Tomy Baltazar, Wilfredo Mansilla, Antonio Hernández Gallegos, Eyleen Mejía Rivera y Jacheline Solorzano León, miembros del comité de adjudicación, permitieron que el proyecto avanzara pese a las denuncias de irregularidades. Se ignoran los riesgos asociados con la tecnología propietaria de Motorola, que podría complicar la integración del sistema. A pesar de las solicitudes de transparencia, estos profesionales han optado por guardar silencio, dilapidando el dinero público.
Los funcionarios responsables de la posible caída del Proyecto 911: la corrupción y la falta de transparencia al descubierto
Esperamos que la unidad de transparencia del Banco Mundial tome cartas en el asunto e investigue objetivamente el caso, nos contactaron y ya tienen conocimiento cabal de los acontecimientos que relatamos en la edición anterior.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 18 de setiembre 2024) La primera parte pueden picar aquí. En esta segunda parte, nos adentramos en el complicado escenario del Proyecto SDP N° PE-PRONATEL-366200-GO-RFP, «Diseño, suministro e implementación del Sistema de Atención y Gestión de Emergencias – SAGE», conocido como el Proyecto 911, destinado a mejorar la respuesta de emergencias en Lima y Callao. El proyecto, financiado con 54 millones de dólares del Banco Mundial, está en riesgo de quedar inconcluso, como tantos otros, debido a decisiones que carecen de una base técnica sólida y a una posible colusión.
Importante mencionar que los principales responsables de llevar el proyecto a este punto son los miembros del comité de adjudicación de PRONATEL: Marco Tomy Baltazar, Wilfredo Mansilla, Antonio Hernández Gallegos, Eyleen Mejía Rivera y Jacheline Solorzano León. Ellos han permitido que, a pesar de las advertencias, el proceso siga adelante contra viento y marea, ignorando las señales de alerta y los riesgos que conlleva adjudicar el contrato a una empresa con tecnología propietaria como Motorola. Estos funcionarios han tomado decisiones que ponen en peligro la viabilidad del sistema y, en consecuencia, la seguridad pública.
La situación es alarmante: Motorola y HYTERA, fabricantes clave en el proceso, se encuentran en un litigio por patentes, y la integración de sus sistemas con otras plataformas, como las cámaras municipales ya existentes, es cuestionable. Esto podría llevar a que el sistema 911 termine siendo ineficaz, una repetición* de lo que ocurrió entre 1989 y 2007, cuando el país quedó atrapado en una dependencia tecnológica con altos costos de mantenimiento.
Adicionalmente, el gasto en consultorías, que se estima podría ascender a varios millones de dólares, no ha sido transparentado, levantando sospechas sobre el manejo de los fondos del proyecto. Esta falta de claridad y de justificación técnica en el proceso de adjudicación, sumada a la eliminación injustificada de competidores como Consorcio Sonda y NGA, ha generado malestar en la opinión pública y en los sectores involucrados.
Es imperativo que se realicen auditorías independientes para revisar los gastos y se divulguen los puntajes y criterios de evaluación usados en el proceso de adjudicación. La transparencia y la rendición de cuentas son vitales para garantizar que este crucial proyecto no termine siendo otro ejemplo de cómo se dilapida irresponsablemente el dinero de los peruanos.
Si no se toman medidas correctivas inmediatas, el Proyecto 911 podría quedar a medio camino, convirtiéndose en una muestra más de ineficiencia y corrupción en la gestión pública.
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*La mención a una posible repetición de lo ocurrido entre 1989 y 2007 se refiere a un patrón de dependencia tecnológica que ya vivió el país cuando se adquirió tecnología propietaria de Motorola para sistemas de radiocomunicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). En ese periodo, el país quedó atado a una tecnología que no era interoperable con otros sistemas, lo que generó altos costos en mantenimiento, actualizaciones y operación. Este tipo de dependencia incrementa el riesgo de que el país gaste grandes cantidades de dinero en contratos adicionales para mantener el sistema funcional, sin la posibilidad de integrarlo de manera flexible con otras plataformas, algo que también ocurrió durante esos años.
Existe un litigio entre las marcas, Motorola ha implementado medidas para evitar que los productos de Hytera se conecten a sus sistemas, como medida para proteger sus patentes y secretos comerciales. Esto significa que los usuarios de productos de Hytera no pueden conectarse a las redes o sistemas de Motorola, y viceversa. Por ejemplo, si una empresa utiliza radios de Motorola para su comunicación, no podrá conectar radios de Hytera a esa misma red, y viceversa. Esto puede ser un problema para las empresas que utilizan productos de ambas empresas y necesitan que se comuniquen entre sí.
