Un escandaloso incremento de S/ 100 millones en el proyecto del Data Center del GORE Ica ha generado indignación pública. Presentado como Iniciativa Privada bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el presupuesto pasó de S/ 197 a S/ 296 millones en solo dos meses, sin sustento técnico claro. El proyecto fue adjudicado a INDRA PERÚ SAC, empresa observada por la Contraloría. Además, busca replicar servicios digitales ya ofrecidos gratuitamente por el Estado. Expertos denuncian vicios ocultos y sobrecostos injustificados. La ciudadanía exige la intervención urgente de la Contraloría para esclarecer este caso que huele a corrupción tecnológica.
«Cien Millones de Razones para Sospechar: El Proyecto del Data Center del GORE Ica Bajo la Lupa»
Ya nuestro medio de comunicación advertía que se vencían cocinando situaciones extrañas, lo invitamos a picar aquí, lamentablemente estamos rodeados de gente corrupta.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 04 de junio 2025) Una nueva alerta de mal uso de fondos públicos remueve las aguas del Gobierno Regional de Ica. Se trata del millonario incremento en el presupuesto del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Información en el Centro de Transformación Digital y Procesamiento de Datos”, conocido como Data Center ICATEC, el cual ha pasado de costar S/ 197 millones en marzo de este año a la escandalosa suma de S/ 296 millones, según la Resolución Gerencial Regional N°0370-2025.
Un salto de S/ 100 millones en tan solo dos meses, sin explicación técnica válida, ha encendido las alarmas de especialistas, medios de comunicación y opinión pública. Se trata de una iniciativa privada (IP), en modalidad de Obras por Impuestos (OxI), donde el propio inversionista diseña el proyecto y cobra por el perfil técnico, lo que en teoría le otorga conocimiento suficiente para evitar errores de cálculo. Entonces, ¿cómo se justifica una diferencia de más del 50% en el presupuesto original?
“Cuando alguien presenta una IP, lo hace porque conoce el proyecto. No puede equivocarse tanto. Si lo hace, hablamos de vicios ocultos”, señala un especialista en gestión pública. La ley es clara al respecto: no se puede modificar el presupuesto de una IP sin sustento transparente, ya que el promotor asume la responsabilidad técnica.
Silencio oficial e irregularidades
Desde el GORE Ica, encabezado por el gobernador Jorge Hurtado Herrera, no se ha emitido ninguna declaración pública que justifique técnica o legalmente el alza de costos. Todo lo contrario: los documentos que autorizan el incremento datan del 7 de mayo de 2025 y fueron firmados a pedido expreso del propio gobernador, según fuentes internas.
La Subgerencia de Estudios y Proyectos del gobierno regional aprobó este incremento millonario en favor de INDRA PERÚ SAC, empresa que, vale recordar, ha sido observada recientemente por la Contraloría de la República por incumplir compromisos contractuales con CORPAC (Informe N° 016-2024-0257-SCE).
¿Qué se está pagando realmente?
El desglose del presupuesto del proyecto ICATEC plantea más dudas que respuestas. Veamos:
Componente 1 (Infraestructura): S/. 31,844,638
Componente 2 (Sistema Digital): S/. 183,655,721
Componente 3 (Equipos y Mobiliario): S/. 3,937,806
Componente 4 (Capacitación): S/. 9,346,725
Expediente Técnico: S/. 1,912,110
Supervisión de obra: S/. 2,719,091
El segundo componente, el más costoso, plantea implementar un sistema digital para optimizar trámites administrativos, un propósito que ya es cubierto por la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), gratuita y certificada internacionalmente (ISO/IEC 27001), como lo dispone la Ley de Gobierno Digital. Es decir, el proyecto pagaría millones por un sistema paralelo innecesario.
“Es incongruente que se pretenda gastar esa suma en una solución que el Estado ya ofrece a costo cero”, explica un analista de tecnologías públicas. “Esto no optimiza recursos, los dilapida”.
Proyectos similares, costos muy distintos
El exdirector de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ing. Luis Laureano Collazos, recuerda que su institución implementó un centro de datos TIER III, con altos estándares tecnológicos, por tan solo S/ 13 millones, lo que pone en cuestión la proporcionalidad de los S/ 296 millones del caso iqueño.
Además, el proceso de adjudicación fue exprés: la convocatoria se lanzó el 27 de junio de 2024 y para agosto del mismo año ya se había otorgado la buena pro. Esta celeridad es poco común en proyectos de tal envergadura.
Cien millones de razones y un “gato encerrado”
La edición del 13 de noviembre de 2023 de América Sistemas (aquí) ya advertía situaciones poco claras en este mismo proyecto. Ahora, con un presupuesto inflado en S/ 100 millones y una adjudicación a una empresa previamente observada, la presión sobre la Contraloría de la República crece. La ciudadanía exige una intervención inmediata y exhaustiva.
La tecnología debe estar al servicio del ciudadano y de la eficiencia del Estado, no convertirse en un nuevo botín para operadores de ocasión. Hoy, más que nunca, urge transparencia.
