“Efectivamente, cometimos una falta administrativa al no comunicar oportunamente que íbamos a subcontratar un servicio de mensajería, aunque ello no afectó para nada el proyecto, sin embargo la sanción impuesta no guarda proporción a la falta” señala Alvaro Merino – Reyna, gerente general de SAPIA al explicar la sanción de seis meses impuesto recientemente por la OSCE para no contratar con el Estado. Argumenta que el proceso de adjudicación fue por 86 millones de soles, la subcontrata no comunicada a tiempo fue de 92,000 soles y la multa al consorcio fue de cerca a los 7 millones. Nos dieron a escoger, preferimos la suspensión, no tenemos dinero para regalar, menos dicha suma. La OSCE tiene que replantear su metodología de penalidades, afirma el ejecutivo. Ello fue en respuesta a la nota que publicamos la semana pasada (aquí).
