El Congreso ha aprobado en segunda votación una polémica reforma a la Ley de Obras por Impuestos (OxI), que amplía el uso de los certificados tributarios a empresas que no generan impuesto a la renta, lo que podría desnaturalizar el mecanismo original. Un reconocido especialista, advierte que esta modificación abre la puerta a empresas cascarón, riesgo de lavado de activos y pérdida de control estatal. Aunque la Comisión Permanente la respaldó, el pleno del Congreso aún debe pronunciarse y el Ejecutivo podría observarla. El futuro del mecanismo OxI está en juego.
OxI en la cuerda floja: Congreso abre la puerta a empresas sin renta y desvirtúa el mecanismo
El Congreso impulsa una reforma a la Ley OxI que flexibiliza peligrosamente los requisitos de participación empresarial. Expertos advierten que esta medida podría desnaturalizar el mecanismo, abrir espacio al lavado de activos y debilitar el control estatal.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 16 de julio 2025) Una vez más, los autodenominados “Padres de la Patria” han dejado perpleja a la ciudadanía. Con el argumento de dinamizar las inversiones regionales, la Comisión Permanente del Congreso aprobó —en segunda votación— una reforma a la Ley 29230, que regula el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Aunque aún queda la esperanza de que el pleno del Congreso la observe o el Ejecutivo la devuelva, la polémica ya está servida.
Un reconocido especialista en inversión pública, consultado por este medio, lo resume con claridad: “De aprobarse esta norma, el mecanismo OxI podría pasar a manos de empresas sin ninguna capacidad operativa ni tributaria, abriendo la puerta al mercadeo especulativo de certificados y debilitando el propósito original de inversión real y sostenible en infraestructura pública”.
Este tipo de maniobras legislativas ha contribuido a un sentimiento colectivo de impotencia y frustración, como bien expresa el empresario Erasmo Wong en un reciente mensaje público: “Estamos perdiendo en silencio a nuestro querido Perú. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos”.
Los cambios más cuestionados
El proyecto de ley aprobado plantea modificaciones profundas a la Ley OxI. Entre ellas, se destaca que los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) ya no solo servirán para pagar el impuesto a la renta, sino también el IGV, el impuesto selectivo al consumo y otros tributos. En la práctica, esto significa que incluso empresas que no generan renta gravada —las llamadas «empresas cascarón»— podrían participar y beneficiarse del mecanismo.
También se flexibiliza el perfil de las empresas participantes, permitiendo que cualquier entidad privada, sin necesidad de ser un contribuyente activo del impuesto a la renta, pueda entrar en el juego. A esto se suma la posibilidad de utilizar donaciones, transferencias y otros recursos para respaldar los certificados, lo que podría aumentar la opacidad del sistema.
Se incorporan además nuevas figuras, como los “servicios por impuestos” —para estudios de planificación territorial, catastro y similares— y la ejecución conjunta entre niveles de gobierno, incluyendo mantenimiento y operación de infraestructura.
Impactos negativos según especialistas
El experto consultado no duda en señalar que la reforma pone en riesgo la esencia del mecanismo OxI. “Su fortaleza siempre estuvo en atraer inversión real, responsable y con beneficios directos a cambio de rebajas en el impuesto a la renta. Si ahora se permite pagar cualquier impuesto con los certificados, se convierte en una herramienta para el canje indiscriminado”, explica.
Los riesgos son múltiples:
- Desnaturalización del objetivo original: El mecanismo puede degenerar en un mercado secundario de CIPRL sin conexión real con proyectos de calidad.
- Infiltración de empresas de fachada: El ingreso de empresas sin operaciones ni experiencia podría generar obras inconclusas o de baja calidad.
- Lavado de activos: La falta de trazabilidad y los vacíos en la supervisión podrían facilitar actividades ilícitas.
- Dificultades de control: Entidades como la Contraloría o el MEF podrían ver limitada su capacidad para fiscalizar eficazmente la ejecución y destino de los recursos.
Como escribió Wong en su blog, “nos acostumbramos al atropello del poder político” y a decisiones de corto plazo “sin una visión de país que nos ilusione”. Esta reforma parece encajar en ese patrón de improvisación e intereses oscuros disfrazados de modernización.
Los argumentos del Congreso
Según el congresista Ilich López Ureña, presidente de la Comisión de Economía, la medida busca generar mayor inversión en zonas que usualmente quedan fuera del radar presupuestal. “Consideramos que esta norma es positiva para el desarrollo económico del país y para que las poblaciones del Perú sientan el impacto de la obra pública”, sostuvo.
Sin embargo, el entusiasmo parlamentario no parece ir acompañado de una evaluación técnica sólida sobre los posibles efectos no deseados. Y en medio de este escenario, la ciudadanía empieza a preguntarse, como lo hace Wong: “¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser peruanos… ver estadistas conduciendo al país, economistas manejando la economía, y no improvisaciones legales de última hora que comprometen nuestro futuro.”
¿Qué viene ahora?
La autógrafa de ley aún debe pasar por el pleno del Congreso para su aprobación definitiva. En caso se apruebe, el Ejecutivo podría observarla, lo que devolvería el texto a la comisión para nuevas revisiones. También se espera que el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República se pronuncien oficialmente.
El especialista consultado insiste en que se debe preservar el carácter técnico y responsable del mecanismo OxI. “La solución no está en abrir la puerta a cualquier actor, sino en fortalecer capacidades técnicas en gobiernos subnacionales y mantener el foco en obras con impacto real”, concluye.
América Sistemas recuerda que desde su creación, el mecanismo de Obras por Impuestos ha sido una herramienta eficaz para cerrar brechas en infraestructura, sobre todo en zonas donde el Estado llega con dificultad. Diluir sus requisitos y controles en nombre de una supuesta inclusión empresarial puede ser, paradójicamente, su sentencia de muerte.
El llamado de alerta está hecho. Como recordó Wong citando a Martin Luther King: “No me preocupan los gritos de los deshonestos… me preocupa más el silencio de los buenos.”
Un comentario
El pago del IGV se esta habilitando con los CPRIL por que hay muchas mineras que como están en etapa de exploración NO GENERAN RENTA, y esas minera quieren hacer obras por impuestos en su zona de confluencia para ganarse a la población. Asimismo hay empresas como ciertos operadores que tienen un periodo de gracia de 10 años que no pagan renta y hay interés de esas grandes operadores de hacer proyectos OxI.
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