La infraestructura de telecomunicaciones de Perú, construida con fondos públicos, enfrenta una grave controversia. La empresa Gilat, contratada por el Estado a través de PRONATEL, habría estado utilizando la Red de Transporte estatal para prestar servicios a clientes privados sin compensar al Estado. Este uso irregular fue detectado durante una inspección en 2024, revelando tráfico no autorizado destinado a operadores como América Móvil. Esta situación evidencia una falta de control y posibles complicidades que perjudican al interés público. Urge una investigación para garantizar la transparencia y que estos recursos estatales cumplan su verdadero propósito de servicio social.
Controversia en Proyectos Regionales de Telecomunicaciones: Gilat Responde a las Acusaciones de Irregularidades, mientras Pronatel Guarda Silencio
Causó extrañeza en nuestra redacción que antes de emitir este reportaje, Gilat se pronuncie. Extraño muy extraño.
(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 13 de noviembre 2024) En medio de acusaciones sobre presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos regionales de telecomunicaciones en el Perú, Gilat emitió un comunicado para aclarar su posición y defender la gestión de la red de acceso y de transporte de estos proyectos. El conflicto, que involucra a los proyectos de Cusco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, ha generado una creciente preocupación sobre la transparencia en los proyectos de conectividad rural, fundamentales para cerrar la brecha digital en el país.
El Problema Inicial: Uso de Redes Regionales de Transporte
Las dudas surgieron en torno al uso de las redes de transporte, cruciales para conectar comunidades rurales aisladas, y sobre la posible existencia de tráfico de datos no autorizado. Algunos observadores han señalado que estas redes de transporte deben ser manejadas de acuerdo con los contratos suscritos con el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), y han cuestionado si este manejo ha sido adecuado. Sin embargo, hasta la fecha, Pronatel no ha emitido ningún comunicado al respecto, manteniendo una postura de silencio que ha contribuido a la incertidumbre.
La posición de Gilat
Ante esta situación, Gilat emitió un comunicado con el fin de refutar las acusaciones y esclarecer los hechos. La empresa destaca tres puntos clave:
- Uso Autorizado de la Red de Acceso en Cusco
Gilat asegura que todo el tráfico de la Red de Acceso del proyecto regional Cusco está autorizado, rechazando así cualquier indicio de tráfico no permitido. La compañía afirma que opera bajo las normativas y acuerdos establecidos con Pronatel, cumpliendo con los términos legales y contractuales.
- Entrega y Cumplimiento en Redes de Transporte
La empresa señala que las redes de transporte de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Cusco fueron completadas y entregadas conforme a lo pactado en los contratos, refutando así cualquier acusación de incumplimiento o retraso. Gilat afirma que estas redes, esenciales para la conectividad de zonas rurales, están plenamente operativas y en cumplimiento con los requisitos establecidos.
- Contratos de Operación y Mantenimiento
Finalmente, Gilat aclara que los contratos de operación y mantenimiento fueron firmados después de la entrega oficial de las redes de transporte, asegurando que no hubo manejo irregular en su administración. La empresa sostiene que todas las etapas contractuales se llevaron a cabo de forma transparente y cumpliendo con los requisitos de Pronatel.
Consultor Especializado: “El Silencio de Pronatel Impacta en la Confianza Pública”
A este panorama se suma el análisis de un consultor especializado en telecomunicaciones, quien advierte que la falta de respuesta por parte de Pronatel podría afectar gravemente la percepción pública sobre la gestión, transparencia, legalidad y viabilidad de las redes provenientes de estos proyectos regionales, los cuales son cruciales para la inclusión digital en el Perú. «La controversia está lejos de resolverse, y tanto la industria como la opinión pública esperan que Pronatel rompa su silencio para dar claridad y transparencia sobre esta situación», subrayó el consultor.
Este caso podría sentar un precedente sobre la manera en que el Estado contrata, ejecuta, supervisa y define los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones en colaboración con empresas privadas. Dado que estos proyectos tienen un objetivo social y buscan llevar conectividad a zonas que dependen de ella para su desarrollo, es fundamental que el Estado, a través de Pronatel, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o el gobierno central, se pronuncien al respecto, aseguró el especialista.
Impacto en el Sector de Telecomunicaciones y la Inclusión Digital
La controversia ha puesto en evidencia los desafíos que enfrenta el Perú para implementar una infraestructura de conectividad rural efectiva y transparente. Estos proyectos no solo buscan reducir la brecha digital, sino que también representan un esfuerzo estatal por ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a la información. La situación con Pronatel y Gilat pone de manifiesto la necesidad de un mayor control y transparencia en la ejecución de los contratos públicos, así como en la administración y monitoreo de los proyectos una vez adjudicados.
La Necesidad de un Pronunciamiento de Pronatel
El silencio de Pronatel ha generado desconcierto en el sector y ha sembrado dudas sobre la gestión de las redes de transporte. La opinión pública y los actores de la industria esperan que esta institución brinde una aclaración sobre la situación y ofrezca garantías de que las redes están siendo utilizadas de acuerdo a sus propósitos originales. Un pronunciamiento oficial podría ayudar a disipar las inquietudes y a restablecer la confianza en los proyectos de conectividad rural. Importante mencionar que América Sistemas solicitó vía la Ley de Transparencia la carta donde se alertaba de irregularidades de Gilat en las redes de transporte y hasta la fecha no hay respuesta.
La controversia ha escalado hasta convertirse en una prueba de fuego para la colaboración público-privada en la infraestructura de telecomunicaciones del Perú. La respuesta de Gilat intenta aclarar su posición y salvaguardar su reputación, pero la falta de una comunicación oficial de Pronatel continúa alimentando las dudas. Este caso podría redefinir las prácticas de supervisión en los contratos estatales de telecomunicaciones y establecer un estándar de transparencia para futuras asociaciones.
Comunicado de Gilat
