Adjudicación dirigida en la PNP

Un escandaloso caso de direccionamiento y sobrecostos en la PNP ha sido revelado por documentos recibidos en América Sistemas. La adjudicación directa del servicio de conectividad a Bitel, por un monto 245% mayor al contrato anterior, evidencia graves irregularidades técnicas y administrativas. El nuevo proceso de contratación repite prácticas que vulneran principios de libre competencia, eficiencia y transparencia, con exigencias dirigidas a marcas específicas y certificaciones excluyentes. A pesar de las alertas al MININTER y la alta dirección policial, no se han tomado acciones correctivas. Todo indicaría que su lema: El honor es su divisa quedó sepultado.

Adjudicación Dirigida y Sobreprecios en la PNP: Alerta de Corrupción en la Red de Datos Policial

Todo indicaría que no solo hay un direccionamiento en las marcas que forman parte del equipamiento que solo trabajan con un operador, sino también la forma «grotesca» cómo se cierra el estudio de Mercado con una empresa que no tiene backbone a nivel nacional (GF), requisito indispensable de las bases.

(americasistemas.com.pe. Lima, Perú – 11 de junio 2025) Documentos revelan un direccionamiento técnico y económico que compromete la transparencia y legalidad en el millonario contrato de conectividad adjudicado a Bitel.

La redacción de América Sistemas tuvo acceso a documentación oficial que revela graves irregularidades en el proceso de contratación del servicio de conectividad y ciberseguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyo nuevo operador —la empresa Viettel Perú S.A.C. (Bitel)— ha recibido una adjudicación directa con un sobrecosto que supera los S/ 119 millones en apenas 19 meses.

El contrato firmado en julio de 2024 impone al Estado un gasto mensual de S/ 10.6 millones, lo que representa un incremento del 245% respecto al monto pagado anteriormente a Telefónica del Perú S.A.A. A este preocupante aumento se suma una larga lista de observaciones formuladas por el OSCE, las cuales advierten sobre direccionamientos indebidos, falta de competencia y deficiencias en la evaluación de alternativas tecnológicas.

Uno de los aspectos más graves señalados es la continuidad del uso de equipos propiedad de Telefónica, a pesar de que el contrato con esta compañía terminó en noviembre de 2024. Esos mismos dispositivos están siendo operados actualmente por Bitel, generando serias interrogantes sobre la verdadera necesidad de duplicar costos.

Asimismo, un nuevo proceso —CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1— fue lanzado en abril de 2025 con antelación inusual, despertando sospechas de que se trata de una operación preparada para validar una continuidad favorable a Bitel. La convocatoria presenta características técnicas altamente restrictivas, como la exigencia de marcas específicas (F5, Arbor, Imperva) y certificaciones de personal técnico que reducen al mínimo la posibilidad de competencia.

Según el estudio de mercado realizado, la empresa Claro presentó más de 300 observaciones, ninguna de las cuales fue atendida o respondida por la entidad convocante. Esta negativa sistemática, sumada al diseño técnico excluyente, evidencia un direccionamiento que vulnera los principios fundamentales de libre concurrencia, transparencia y eficiencia que rigen las contrataciones públicas.

Una carta formal dirigida al Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, al Director de la DIRTIC y al Director de Administración de la PNP —fechada el 15 de mayo de 2025— alerta de manera explícita sobre estas irregularidades. Entre los puntos más críticos se detallan:

– Direccionamiento técnico hacia marcas únicas sin admitir equivalencias.
– Exigencias de implementación en plazos irreales para favorecer al proveedor actual.
– Criterios de certificación para personal clave que restringen la participación de otros postores.
– Condiciones técnicas sin justificación que elevan innecesariamente los costos del servicio.

A pesar de haber sido informados formalmente el Ministerio del Interior (MININTER), la Secretaría General, la Oficina de Integridad Institucional y el Órgano de Control Institucional (OCI), hasta la fecha no se ha emitido respuesta ni acción alguna desde las entidades responsables. Esta inacción institucional no hace más que agravar la percepción de que se trata de un negociado encubierto.

La magnitud del proceso y su impacto económico obligan a una intervención inmediata de los organismos de control y fiscalización del Estado. No se trata solamente de un escándalo administrativo: estamos frente a una operación que, de confirmarse, compromete la legalidad de los procedimientos en una institución clave como es la Policía Nacional del Perú, y que pone en riesgo la confianza pública en el uso de los recursos estatales. Sin duda que América Sistemas continuará investigando.